La Corte Suprema chilena ordenó hoy una auditoría externa para determinar el origen y la cuantía de la fortuna acumulada por el fallecido dictador Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.
La resolución, aprobada por tres votos contra dos, fue dada a conocer por el presidente de la II Sala Penal, Alberto Chaigneau, quien precisó que se ordenó al juez a cargo del caso, Carlos Cerda, la realización de la auditoría contable sobre los bienes de Pinochet.
Dicha auditoría será realizada por una empresa externa y de prestigio nacional, la que tendrá que definir cuál es el real origen de los dineros de Pinochet y todos los activos que han salido a colación en el proceso.
Chaigneau mencionó la posibilidad de que una universidad se haga cargo de esta pesquisa.
El tribunal, por otra parte, confirmó por unanimidad la anulación de 15 de los 23 procesamientos por malversación de fondos públicos contra la familia y colaboradores del fallecido dictador Augusto Pinochet, que la Corte de Apelaciones dictaminó el pasado 26 de octubre.
El máximo tribunal advirtió, sin embargo, que los procesamientos eventualmente podrían ser restituidos, pues el juicio sigue abierto.
Los beneficiados son Lucía Hiriart, viuda de Pinochet, y sus hijos Marco Antonio, Lucía, Verónica y Jacqueline, así como ocho de los 17 colaboradores procesados el pasado 4 de octubre por el juez Carlos Cerda.
"Esta resolución no significa que el caso Riggs se muera", recalcó Chaigneau y subrayó que el juez Cerda puede volver a procesar a quienes considere responsables de alguno de los ilícitos que investiga.
Augusto Pinochet Hiriart, el otro hijo varón del dictador, seguirá procesado, al igual que otros cinco colaboradores, al no haber recurrido de amparo.
Los procesamientos fueron dictados por Cerda en el marco del llamado "caso Riggs", referido al origen de la fortuna calculada en más de 26 millones de dólares que Pinochet acumuló en cuentas secretas que manejaba en el Riggs Bank de EE.UU. y otras entidades del extranjero.
La malversación, según la resolución del juez, se habría cometido mediante la desviación a las cuentas de Pinochet de fondos reservados de la Presidencia de la República a través de la Casa Militar, un organismo castrense asesor del dictador.
En los alegatos, los defensores basaron su argumentación en que tanto la familia de Pinochet como sus colaboradores no pudieron cometer malversación de fondos públicos, porque no eran funcionarios.
El abogado querellante Alfonso Insunza, en declaraciones a Efe, destacó positivamente la resolución de una auditoría externa sobre la fortuna de Pinochet y la posibilidad abierta de que el juez Cerda siga con la investigación.
La Corte Suprema también rechazó la petición de dos abogados de la defensa de la familia
Pinochet, que pidieron sanciones contra el juez Cerda.
Cuando murió, el 10 de diciembre de 2006, Pinochet estaba enjuiciado por fraude al fisco y uso de pasaportes falsos en este proceso y desaforado -paso previo a su procesamiento- por malversación de fondos públicos.
