La audiencia para determinar si se extradita a EE.UU. al ex presidente de Guatemala Alfonso Portillo (2000-2004) continúa tras comprobar que los familiares de los tres magistrados que dirigen la vista no estaban secuestrados, informaron fuentes oficiales.
Las autoridades policiales establecieron que los familiares de los magistrados Morelia Ríos, Bélgica Deras e Isaías Figueroa están bien en sus residencias.
La alarma se generó cuando al inicio de la audiencia se informó de una llamada amenazando de muerte a los parientes de los jueces si la vista contra Portillo no se suspendía.
Exposiciones.
Durante la diligencia judicial, la Fiscalía y los defensores del ex presidente presentaron las pruebas a favor y en contra, respectivamente, sobre la extradición solicitada por Estados Unidos.
El ex presidente guatemalteco es acusado por la Fiscalía de Nueva York de participar en el lavado de unos $70 millones procedentes de fondos del Estado guatemalteco en bancos de ese país.
La Fiscalía de Nueva York envió a Guatemala hace tres semanas la petición formal para que se autorice la extradición de Portillo para ser juzgado por blanqueo de dinero.
Según la legislación local, es el Presidente de la República quien, en última instancia, autoriza la extradición de un guatemalteco para que sea procesado en otro país.
El ex presidente, quien fue capturado el pasado 26 de enero en las costas del Caribe a petición de Estados Unidos, también afronta en los tribunales guatemaltecos un juicio por malversación, caso por el que fue extraditado de México en octubre de 2008 y por el que estaba en libertad bajo fianza de $120,000.
Defensa.
El ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo aseguró durante su comparecencia en la audiencia que se le sigue para determinar si se le extradita a Estados Unidos, que ese país le reclama en venganza por la decisión de su gobierno no apoyar la invasión militar de Irak.
Con un discurso de 43 minutos en el que hizo gala de sus capacidades retóricas, Portillo, aseguró que la justicia estadounidense no tiene ninguna prueba en su contra sobre su presunta participación en el lavado de dinero del que se le acusa, por lo cual su extradición a ese país “no es procedente”.
“Yo fui el único presidente centroamericano que no firmé la carta y no apoyé la invasión (a Irak) y eso me están cobrando. Es un revanchismo, una venganza y un odio personal”, aseguró,
