La presidenta de Sri Lanka, Chandrika Kumaratunga, que decretó el estado de emergencia que entró en vigor ayer, intentaba consolidar sus posiciones en su lucha contra el primer ministro que regresará hoy de Washington, fortalecido por el apoyo de la Casa Blanca.
Soldados muy armados vigilaban los edificios oficiales y las patrullas se multiplicaban ayer. En las principales arterias de Colombo, los retenes instalados por las fuerzas del orden para el control de identidad recordaban a las horas negras de la guerra civil que dejó más de 60.000 muertos desde 1983 hasta el alto el fuego firmado el 22 de febrero del 2002 con los separatistas tamiles.
El estado de emergencia, que tiene en principio una validez de 10 días, da poderes especiales a las fuerzas del orden que pueden detener y encarcelar sin juicio a cualquier persona considerada sospechosa.
Paralelamente, la presidenta intenta fortalecer su poder frente al primer ministro Ranil Wickremesinghe, que pertenece a un partido político diferente. Kumaratunga ya destituyó a los responsables de la radio oficial y de cadenas de televisión y nombro en su lugar a colaboradores suyos.
La presidenta, que perdió un ojo en un atentado suicida de los rebeldes tamiles, considera que su primer ministro hace demasiadas concesiones a los separatistas.