Un 90,18 por ciento de los votantes en el referéndum celebrado en Níger del pasado domingo se han pronunciado a favor de una nueva Constitución para el país, según los resultados provisionales difundidos hoy por el presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), Abdurahmane Ghusmane.
Ghusmane indicó que los 20.783 colegios electorales repartidos por el país contabilizaron un 9,82 por ciento de votos en contra de la nueva Carta Magna.
La tasa de participación en el referéndum fue del 52,67 por ciento del censo de 6,7 millones de nigerinos convocados a las urnas.
Algo más de 3,1 millones de electores votaron a favor de la nueva Constitución mientras que cerca de 340.000 lo hicieron en contra, señaló el presidente de la CENI.
Según los observadores, el escrutinio se desarrolló en un clima de calma y serenidad, sin que se produjeran incidentes destacables.
Sin embargo, durante la votación se retrasó la apertura de muchos colegios debido a dificultades en la llegada del material electoral, en algunos casos superiores a once horas, según indicó a EFE Bubacar Hama, presidente de un centro de voto en Niamey.
Estos retrasos provocaron que muchos electores no pudieran ejercer su derecho al voto, dijo Hama, quien lamentó igualmente los problemas en la distribución de cartas de identificación electoral que impidieron también el voto de varios ciudadanos.
Tras el referéndum sobre la nueva Constitución, los nigerinos deberán afrontar otras cinco consultas electorales en los próximos meses: las elecciones comunales, departamentales, regionales, legislativas y la primera y segunda vuelta de las presidenciales, previstas para marzo de 2011.
El proceso de transición a la democracia en el país del Sahel ha sido impulsado por el grupo de militares que derrocaron al controvertido presidente del país, Mamadou Tandja, en febrero de 2010.
Poco antes del golpe Níger vivía un clima de gran inestabilidad política tras la decisión de Tandja de ampliar su mandato más allá de los dos períodos de cinco años establecidos por la Constitución del país.
El entonces presidente disolvió el Parlamento, que se opuso a sus intenciones, y destituyó a los miembros del Tribunal Constitucional, que declararon ilegal la reforma de la Carta Magna.
