Se trata de la tercera serie de medidas de castigo impuestas a Teherán por el Consejo de Seguridad, tras las sanciones económicas y comerciales adoptadas en diciembre de 2006 y marzo de 2007.
Las medidas de sanciones incluyen restricciones de viaje y prohibiciones para más iraníes; una ampliación del congelamiento de activos; bloqueo a artículos de doble uso, créditos de exportación; supervisión financiera; inspecciones de los cargamentos en aviones y barcos.
Por su parte, Irán está enfocada a la generación de electricidad, y afirma que el programa es un derecho nacional al que no renunciará.