Campesinos aymaras intensificaron ayer el desabastecimiento de alimentos hacia La Paz, sede del gobierno de Bolivia, en tanto las rutas andinas seguían cortadas al cabo de 10 días de protestas contra una proyectada venta de gas al exterior.
Los centros de abasto de La Paz, cerrados por segundo día consecutivo, registraban escasez y alza de los precios de carne, tubérculos, hortalizas y frutas, productos indispensables de la dieta familiar, dijo el alcalde de La Paz, Juan del Granado.
Las amas de casa de barrios populares reclaman la falta de verduras y hortalizas que, sin embargo, se obtienen en los supermercados de las zonas residenciales, aunque a precios mayores que antes del inicio del corte de rutas.
Una huelga de comerciantes de los mercados, sumado al bloqueo al paso de productos decidido por campesinos del norte del Altiplano y los valles del sur de La Paz, que se oponen a la exportación de gas sin previa consulta popular, habían provocado temor en las amas de casa.
Una misión del gobierno, encabezada por el viceministro de Régimen Interior, José Luis Harb, se encontraba negociando la suspensión de la huelga con indígenas del sur de La Paz en el entendido de que también ellos estaban perjudicados al no poder colocar sus productos.
Mientras tanto, los indígenas aymaras persistían con los cortes esporádicos de rutas en las provincias andinas de Larecaja, Omasuyos y Muñecas, a pesar del intenso control de tropas militares y policiales, admitió Harb.
Ante eventuales conflictos de sectores que manifiestan en La Paz, fuerzas combinadas del Ejército y la Policía patrullaban también oficinas públicas e instituciones locales, según el comandante regional de la Policía, coronel Guido Arandia.
Unas 350 personas atrapadas desde hace nueve días por bloqueos campesinos de carreteras en una zona del altiplano andino de Bolivia clamaron ayer por su rescate.
"Por favor, que alguien venga a socorrernos (...) estamos sin alimentos y con niños y ancianos enfermos," rogó por teléfono a la cadena televisiva Unitel uno de los perjudicados, identificado como Humberto Rivera.
El turista dijo que unas 350 personas, entre ellos muchas mujeres y niños, permanecen desde el 14 de septiembre en el poblado de Luquisani, al que llegaron en un peregrinaje como devotos del "Señor de la Exaltación," cuya fiesta se celebra en esa fecha.
"Cuando quisimos regresar a La Paz nos enteramos que el camino estaba bloqueado por campesinos que no permiten el paso de ningún vehículo," explicó. "Pretendimos volver a pie, pero tampoco nos dejan," dijo otro pasajero.
Población boliviana fronteriza con Perú, una multitud manifestó en repudio a supuestos planes oficiales de exportar gas natural a ultramar por un puerto de Chile.
Entre 3,000 y 5,000 pobladores, según los organizadores, manifestaron en esa población turística lanzando arengas contra la posibilidad de que el gobierno elija al chileno Patillos como puerto de embarque del gas natural líquido (LNG) a mercados de Estados Unidos y México.
"Queremos hacer conocer nuestro repudio por el intento de sacar el gas boliviano por los puertos chilenos", afirmó Félix Condori, presidente del comité cívico de Copacabana.
El dirigente cívico calificó de "absurdo, por cuestiones históricas", la posibilidad, basada en estudios elaborados por las empresas extranjeras Sempras y Pacific LNG, de que el gas boliviano fluya por Chile.
"A Chile no se le puede premiar (con ese negocio que moverá alrededor de 5 mil millones de dólares en el puerto que se elija) luego de que nos ha usurpado nuestra salida al mar" en la Guerra del Pacífico, en 1879, cuando Perú, aliado de Bolivia, también cedió territorios.
El gobierno boliviano propuso abrir diálogo al movimiento campesino. "El gobierno propone, para dar una señal de buena fe y demostrar la vocación de diálogo que, simultáneamente, se suspendan las medidas de presión y las fuerzas militares retornen a sus lugares de acantonamiento", declaró el vocero presidencial, Mauricio Antezana.
Una misión del gobierno, encabezada por el viceministro de Régimen Interior, José Luis Harb, se encontraba negociando la suspensión de la huelga con agricultores del sur de La Paz en el entendido de que también ellos estaban perjudicados al no poder colocar sus productos.
