Las huellas del Puma

REOS políticos mueren en un intento de fuga. Así titulaba el diario "El Día" del poblado de La Serena, fechado el 18 de octubre de 1973.
El periódico, bajo censura militar, destacaba que un microbús que trasladaba 18 presos políticos a una cárcel sufrió una falla eléctrica.
"Los detenidos quisieron aprovechar esta circunstancia y se rebelaron contra los militares, ante lo cual se hizo fuego contra los fugitivos que pagaron su osadía".
Con esta noticia, se anunciaba al mundo una sutil masacre de civiles y dirigentes políticos chilenos en el norte del país sudamericano, algo que en futuro se llamaría "Caravana de la Muerte".
La periodista Paty Verdugo, en su obra "Los Zapazos del Puma" (1989), recopilaba de esta forma el fatal destino de decenas de personas que desaparecieron en medio de la polvareda del helicóptero "Súper Puma" chileno que los trasladó al más allá.
El caso "Caravana de la Muerte" constituyó, según los juristas, la primera vinculación de dictador Augusto Pinochet con las violaciones de derechos humanos durante su régimen.
Fue una comitiva militar dirigida por el general Arellano Stark que recorrió en octubre de 1973, un mes después del golpe militar contra Salvador Allende, varias provincias con la misión de ejecutar a 75 presos políticos.
Verdugo denunciaría en sus investigaciones a otros militares, los cuales destacaban además los coroneles Ariosto Lapostol, Eugenio Rivera, Efraín Jaña y Oscar Haag; el teniente coronel Olagier Benavente y el mayor Fernando Reveco.
Atinadamente, la BBC de Londres describe este capítulo negro de la historia chilena como el "Juicio del Terror".
"El siniestro Puma aterrizó en Cauquenes, La Serena, Copiapo, Antofagasta y Calama, en el norte, y al menos en otra ciudad del sur".
"Oficialmente, la delegación militar tenía orden de revisar los procedimientos a los que se debía someter a los prisioneros políticos en las regiones, para que sigan los estándares establecidos en Santiago", destacó un reportaje de la agencia británica de noticias.
Según el abogado de Pinochet, Ricardo Rivadeneira, el ex mandatario chileno "nunca ordenó ninguna ejecución y, ni mucho menos, ningún secuestro".
Empero los opositores al general que lucharon para que se enfrentara a un juicio por las violaciones cometidas durante los años de su gobierno, aseguran que Pinochet tuvo responsabilidad en lo sucedido al enviar a estrechos colaboradores suyos en esa "delegación".
Muchas de las víctimas se encontraban ya detenidas en las prisiones del régimen militar pinochetista.
Varios de los encarcelados fueron obligados a salir de sus celdas y ejecutados sumariamente, muchas veces sin el permiso o el conocimiento de las autoridades militares locales.
En 1998, el juez español Baltasar Garzón, basándose en las querellas presentadas por los familiares de los desaparecidos de Calama, entre otras, dentro del caso "Caravana de la Muerte" dirigido por el juez Juan Guzmán Tapia, ordenó la detención de Pinochet en Londres, bajo el cargo de "secuestro y homicidio calificado".
Con este caso, se terminaba el aura de impunidad que dominada a Pinochet y a los militares que pensaban ser amos del destino de los chilenos.
Más de 3,000 opositores murieron o "desaparecieron" durante los años de la dictadura chilena.
En junio de 1999, la justicia chilena ordenó la detención de cinco oficiales militares retirados, incluido un general, por su participación en la comitiva militar.
En marzo de 2006, el juez Víctor Montiglio ordenó el arresto de trece ex-oficiales del Ejército por su participación en los asesinatos bajo cargos de homicidio.
El 17 de julio de 2006, la Corte Suprema de Chile despojó de su inmunidad a Pinochet por su implicación en el caso.