Datos
- Condena
- Ríos Montt fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de cárcel por genocidio, la sentencia fue anulada.
- Guatemala
- vivió una guerra de 36 años entre 1960 y 1996 que dejó, según un informe de Naciones Unidas, 250 mil muertos y desaparecidos.
- Informe
- Entre 1981 y 1983 el Ejército identificó a los indígenas como enemigos.
Víctimas afirmaron que la resolución del Congreso guatemalteco de que no hubo genocidio de indígenas en los años 80 es ofensiva, racista e ilegal.
“Esto es una burla a las víctimas, lo que quieren es mantener la impunidad para que no se conozca la verdad”, reclamó Benjamín Gerónimo, representante de las víctimas que llevaron a juicio al exgeneral Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio y responsable de cientos de masacres en las que murieron miles de indígenas ixiles en la guerra en Guatemala (1960-1996).
A la indignación se unieron miles de usuarios de redes sociales así como activistas y organizaciones de derechos humanos. El hastag (hash)sihubogenocidio se convirtió ayer en tendencia en Twitter.
Gerónimo, sobreviviente del conflicto, a quien le asesinaron varios de sus familiares, dijo que analizan las acciones legales contra la decisión del Congreso, a la que se unirán otras organizaciones de derechos humanos.
Al rechazo se unió Diego Rivera, líder del Movimiento de víctimas del norte de Quiché, quien explicó que la decisión afecta y ofende a las víctimas que demandan justicia. “Deben elaborar leyes que favorezcan al pueblo y no a los intereses particulares y mezquinos de algún diputado”, reclamó Rivera.
“No se puede negar que hubo genocidio, nuestra prueba son las más de 1,771 osamentas de los que ellos mataron; ninguno puede ocultar que hubo masacres; parece que para ellos que se muera un indígena no tiene valor; ante la ley y ante Dios todos somos iguales”, dijo Rivera.
La resolución del legislativo fue apoyada por 87 diputados oficialistas y de oposición, seis más de los necesarios para la aprobación. El proyecto fue propuesto por el diputado Luis Fernando Pérez, del partido de Ríos Montt (1982-1983).
El texto aprobado indicó que “resulta jurídicamente inviable” que se registrara un genocidio en Guatemala.
Asimismo, exhortó al Ejecutivo a generar políticas públicas y a defender la ley de Reconciliación Nacional, que amnistió crímenes de guerra, y al organismo judicial a impartir justicia con imparcialidad basados en la Constitución.
