A pesar de que América Latina es una región exportadora, el alza en los precios de los alimentos y los combustibles han provocado seis millones más de hambrientos y un retroceso a la situación que padecía a comienzos de siglo.
"La región tiene un superávit de alimentos; sin embargo, la desigualdad en la distribución del ingreso dificulta el acceso de muchas familias a los alimentos", señala la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO.
Pero "la situación podría empeorar aún más debido a la inflación y una posible desaceleración del crecimiento económico", considerando que "en los últimos años la región creció a un ritmo que no se veía desde el inicio de los setenta", dijeron los expertos de la FAO.
Los países más perjudicados son los importadores netos de alimentos y energía, como los de Centroamérica y el Caribe, mientras que las naciones andinas están promoviendo la recuperación de los alimentos originarios para disminuir su dependencia de las importaciones y fortalecer su soberanía alimentaria.
En tanto, los países del Cono Sur, que son exportadores de alimentos, minerales y otras materias primas, se están beneficiando del alza de los precios.
Sin embargo, la restricción del acceso al crédito como consecuencia de la crisis financiera puede dificultar su capacidad exportadora, advierte la FAO.
Esta institución propone tanto medidas urgentes, para resolver las situaciones más acuciantes derivadas del alza de precios de los alimentos, como cambios estructurales a largo plazo, que permitan garantizar la seguridad alimentaria en América Latina.
Según datos de la FAO, uno de cada diez habitantes sufre desnutrición en América Latina, donde reducir el hambre a la mitad para el año 2015 (uno de los Objetivos del Milenio suscritos por 191 países) requerirá que cada año tres millones de personas dejen de vivir en la miseria.
En 2005, la FAO puso en marcha la "Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre", una campaña que ya arroja avances sustantivos, en Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela y Guatemala, donde se han promulgado leyes para garantizar el derecho a la alimentación de los ciudadanos
