La decisión de un juez de Nueva York de levantar el embargo que pesaba sobre las cuentas del Banco Central en la Reserva Federal de EE.UU. dio hoy un respiro a Argentina, pero no rebajó el nivel de confrontación entre el Gobierno y el presidente de la máxima autoridad monetaria.
El ministro argentino de Economía, Amado Boudou, y el presidente del Banco Central, Martín Redrado, confirmaron el levantamiento del embargo, pero ofrecieron muy distintas versiones sobre los motivos que llevaron al juez Thomas Griesa de Nueva York a tomar su decisión.
Tras una reunión con los abogados del Banco Central y de los demandantes que solicitaron el embargo, Griesa levantó la sanción que había dictado el martes.
El juez había bloqueado el martes 1,7 millones de dólares de las cuentas del Banco Central en la Reserva Federal a pedido de los fondos de inversión Elliot y Dart, que reclaman el pago de bonos soberanos argentinos impagos desde 2001.
Para el titular de Economía, el levantamiento de la sanción permite que "Argentina pueda llevar adelante la operatividad y el funcionamiento de su Banco Central" y no tiene relación con la polémica provocada por la negativa de Redrado a acatar la decisión del Gobierno de utilizar reservas para el pago de deuda.
Para el titular del Banco Central, sin embargo, la decisión de Griesa fue posible porque se ha demostrado la autonomía e independencia de la institución que encabeza frente al Gobierno argentino.
"Lo que hay que demostrar es que el Banco Central tiene criterios independientes y no es un sucedáneo de la Tesorería", afirmó.
"Aquí estaba en juego no solo la decisión de embargar fondos argentinos en EE.UU. y en el mundo, de ahí que es importante que el Congreso de la Nación proteja la independencia del Banco Central porque si no todos los fondos pueden estar en riesgo", dijo Redrado.
No obstante, recordó que el proceso judicial en EE.UU. aún no ha terminado y que el próximo miércoles habrá un pronunciamiento definitivo del juez.
Pese a que tanto el Gobierno como el Banco Central confiaban en que Griesa levantara el embargo, el nivel de crispación subió de tono en las últimas horas.
"Ellos creen que me matan, yo creo que se suicidan. Soy más duro de lo que parece", aseguró hoy Redrado, quien negó que su gestión esté debilitada, luego de que este jueves el Gobierno lograra recortar aún más su poder dentro del Banco Central.
En tanto, desde el Gobierno de Cristina Fernández, que tachó de "okupa" del Banco Central a Redrado, insisten en pedir su renuncia.
"La situación se empezará a resolver y a distender con la salida de Redrado", dijo hoy el jefe del bloque de diputados oficialistas, Agustín Rossi, quien consideró que el economista solo se sostiene en el cargo por una orden judicial.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, un aliado del Gobierno, calificó como una "provocación" y un "desafío a la autoridad presidencial" las expresiones de Redrado.
El conflicto se desató hace una semana cuando Redrado se negó a habilitar el uso de 6.569 millones de dólares de las reservas para la conformación de un fondo destinado al pago de deudas soberanas, cuya creación decretó Fernández en diciembre pasado.
Ante la negativa, la mandataria le cesó por decreto, pero la Justicia lo restituyó en el cargo.
Además, el Gobierno denunció judicialmente a Redrado por incumplimiento de sus deberes como funcionario público.
El conflicto se trasladó hoy al distrito financiero de Buenos Aires cuando una agrupación de desocupados logró ingresar a las sedes del Banco Central y del estatal Banco Nación para protestar contra el Gobierno.
La policía mantiene detenidos a los líderes de la protesta, que duró cerca de media hora y exigía el uso de las reservas para mejorar los ingresos de los jubilados y los beneficiarios de planes sociales.
La confrontación también se dirime en el Parlamento, que debe pronunciarse sobre la validez de ambos decretos presidenciales.
La oposición pide al Ejecutivo que convoque a sesiones extraordinarias al Congreso, ahora en receso, para tratar el asunto, pero el oficialismo de momento prefiere que el debate se realice en el período ordinario, a partir de marzo.
