El proyecto de Ley de Cooperación Internacional, que actualmente se debate en la Asamblea Nacional de Venezuela, podría obstaculizar gravemente la labor de las organizaciones de derechos humanos en Venezuela, informó Amnistía Internacional.
El proyecto de ley no explica claramente los criterios con base en los cuales se otorgaría personalidad jurídica a las organizaciones no gubernamentales, decisión que quedaría en manos del ejecutivo, que sería responsable de emitir la normativa al respecto. Según la ley propuesta, el ejecutivo también podría modificar unilateralmente dichos criterios.
De aprobarse, la ley supondría que, para poder acceder a los fondos de cooperación internacional, la labor de las organizaciones no gubernamentales (incluidas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que operan en Venezuela) tendría que considerarse ajustada a los planes de desarrollo y la política exterior del Estado.
“En la práctica, esta ley supondría dar vía libre al Gobierno venezolano para regular lo que pueden y no pueden hacer las organizaciones no gubernamentales legítimas, incluido su acceso a los fondos de cooperación internacional”, ha dicho Nuria García, investigadora de Venezuela en Amnistía Internacional.
La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley sobre cooperación internacional en una primera votación el 13 de junio de 2006 y lo debatirá ahora por segunda vez.
