Juicio
- La defensa del exjefe de la inteligencia de Libia y cuñado de Muamar el Gadafi, Abdullaj al Senussi, interpuso un recurso ante la Corte Penal Internacional (CPI) para evitar que este sea juzgado en el país árabe, donde le espera previsiblemente la pena de muerte. Los abogados piden a la Sala de Apelación de la CPI que suspenda la decisión.
La continua insubordinación de las antiguas milicias libias, los asesinatos en Bengasi, la caída de la producción de petróleo, la debilidad del Gobierno y las fuerzas de seguridad o el reciente secuestro del primer ministro, Ali Zidán, son una muestra de que dos años después de la muerte de Gadafi, Libia no acaba de encontrar su camino hacia la estabilidad.
“Más de dos años después del estallido de la revolución de febrero, las repercusiones negativas de la revuelta continúan, si es que no han aumentado”, declaró Intisar Mubarak al Akili, antigua diputada del Consejo Nacional de Transición, que se encargó de dirigir la Libia rebelde hasta la caída del régimen dictatorial.
El 20 de noviembre de 2011, unas pocas horas después de la toma de Sirte, el último bastión que permanecía en manos gadafistas, Muamar el Gadafi, el hombre que había gobernado el país a fuego y hierro desde 1969, fue capturado por los rebeldes, torturado y asesinado.
Su muerte marcó el triunfo del levantamiento popular armado que había comenzado en febrero de ese año y abrió de par en par las puertas hacia la construcción de una nueva Libia.
Sin embargo, la realidad se ha acabado imponiendo y dos años después, el país se ha atascado en las arenas movedizas de la incertidumbre política, económica y de seguridad.
En Bengasi se han contado más de 70 asesinatos, sobre todo de agentes de seguridad, los atentados contra las misiones diplomáticas se repiten y las protestas mantienen bloqueada la producción de petróleo, única fuente de ingresos en el país.
Muchas milicias se resisten a perder su autonomía y numerosas disputas tribales desembocan en enfrentamientos debido a la proliferación de armas.
