Trípoli y el colectivo de familias de las víctimas del atentado al avión de UTA reconocieron ayer oficialmente que mantienen diferencias respecto al monto de la indemnización, un día después del levantamiento de las sanciones internacionales que pesaban contra Libia desde 1992.
Las dos partes reconocieron por primera vez que no hay acuerdo sobre el pago de compensaciones por parte de Libia a los familiares de los 170 muertos en la explosión del DC-10 cuando sobrevolaba el desierto de Níger en 1989, aunque insisten en su compromiso de llegar a un acuerdo en un mes en un comunicado conjunto.
El anuncio de un acuerdo en ese sentido evitó ayer el veto de Francia en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU que levantó definitivamente las sanciones contra Trípoli, con la abstención de París y Washington.
La Fundación Gadafi "estima que el monto que debe acordarse para los miembros de las familias de cada víctima no debe ser superior a un millón de dólares" en tanto que los allegados "prevén obtener un montante superior", dicen las dos partes en un comunicado. Según fuentes de las familias, éstas esperan compensaciones que ronden los dos millones de dólares netos por familia.
Aclaró que el problema del Seguro Social debe ser tratado como un tema de Estado en forma apolítica y sin ser utilizado como bandera en campañas políticas.
