Gu Kailai, la esposa del defenestrado líder chino Bo Xilai, se prepara para someterse a juicio por asesinato, vinculado al mayor escándalo político vivido por el régimen comunista en tres décadas.
Gu comparecerá en la ciudad de Hefei, capital de la provincia central de Anhui, para ser juzgada por la muerte del empresario británico Neil Heywood, en una vista a puerta cerrada que podría concluir hoy mismo.
La prensa no tendrá acceso al proceso y únicamente se ha autorizado la presencia de dos diplomáticos británicos en funciones consulares.
En un país donde el 98% de los juicios encuentra culpable al acusado, y donde ya la propia agencia de noticias oficial, Xinhua, ha indicado que “los hechos son claros y las pruebas irrefutables y sustanciales”, el veredicto de culpabilidad contra Gu se da prácticamente por seguro.
La gran duda es qué pena se le pueda imponer. Aunque el asesinato es uno de los delitos que pueden acarrear la pena de muerte en China, los analistas descartan que el proceso vaya a acabar con la ejecución de la que fuera una abogada de gran renombre y esposa de uno de los políticos más en alza del país hasta el momento de su caída.
Las apuestas se inclinan más bien por una larga pena de prisión o una condena a muerte suspendida (es decir, conmutable a cadena perpetua en dos años si la acusada muestra buena conducta y arrepentimiento). Según el abogado pro derechos humanos Liu Xiaoyuan, lo más probable es que Gu sea “condenada a muerte por matar al británico, pero como en todos los casos en China seguramente tendrá una suspensión” de varios años en la condena.
Algo en lo que los analistas también parecen de acuerdo es en que Gu será juzgada solo por la muerte del empresario, un antiguo amigo de la familia, y no se incluirán delitos económicos en su pliego de cargos.
Un juicio por delitos económicos -un término que puede abarcar desde la corrupción hasta la evasión de capitales- podría tener peligrosas ramificaciones en un país donde la corrupción es uno de los principales problemas.
Omitir los presuntos delitos económicos -pese a que, según ha publicado el diario “South China Morning Post” Gu ha admitido tanto éstos como el asesinato- tendría también la ventaja de evitar sentar en el banquillo de los acusados al propio Bo, de 62 años.
El escándalo se desató el pasado febrero cuando Wang Lijun, vicealcalde de Chongqing (centro) y mano derecha de Bo, pidió asilo en el consulado de EE.UU. en la localidad de Chengdu.
Allí Wang (que también podría ser condenado a muerte si se le acusa de traición al Partido Comunista) denunció, supuestamente, la mala praxis de Bo y los vínculos de Gu con la muerte de Heywood.
