El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, pidió hoy al tribunal Supremo evitar la extinción del proceso contra los dueños de un supermercado de Asunción que se incendió el 1 de agosto de 2004 y que causó la muerte de más de 360 personas.
En una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, Lugo expresó que el caso contra los dueños del supermercado Ycuá Bolaños, siniestrado hace casi cinco años, "no acabe siendo una razón de frustración y de desencanto, un motivo de decepción hacia el sistema de justicia".
El jefe de Estado se expresó en esos términos ante la posibilidad de que sea archivado ese proceso, durante el cual el principal dueño del Ycuá Bolaños, Juan Pío Paiva, su hijo, Víctor Daniel Paiva, y Daniel Areco, guardia de ese centro comercial, así como otros accionistas de la empresa, ya fueron enjuiciados en dos ocasiones anteriores.
"La justicia paraguaya ha estado en entredicho una y otra vez, resultado de ello que hasta ahora no se ha podido esclarecer el hecho y sancionar a los culpables, siquiera para traducir una respuesta que modere el dolor de tanta gente", señaló Lugo.
"Especial mención se merece el intento sistemático de lograr la extinción de la acción penal que hasta donde sabemos se halla pendiente de confirmación en instancias judiciales del mayor rango, estos y otros datos han constituido expresiones indubitables de la existencia de un sistema que no logra la celeridad requerida", consideró.
Aseveró además que existe "una connotación de impunidad, o de incapacidad del sistema de producir un fallo que declare culpabilidades o inocencias mediante la ponderación de los hechos que fueron objeto de examen".
"Centenares de vidas humanas fueron segadas en la terrible tragedia, otras tantas sufren lacerantes secuelas físicas, miles de ciudadanos han perdido a sus seres queridos, por ello, resulta imprescindible que la administración de justicia ponga todo su empeño en esclarecer el caso", acotó.
Además, Lugo firmó hoy un decreto por el que se declara el 1 de agosto de cada año, "Día de la Solidaridad y Memoria", en honor a los sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos en el Ycuá Bolaños.
Momentos después de que la nota de Lugo fuera entregada al Poder Judicial, los miembros permanentes de la Sala Penal del Supremo, los magistrados Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta, confirmaron el rechazo de una recusación presentada contra el juez Rolando Ojeda.
Con la confirmación Ojeda queda integrado el tribunal que deberá expedirse sobre trece recursos de casación, entre ellos los que exigen el sobreseimiento definitivo de los procesados.
Además, deliberará sobre el pedido del fiscal de la causa, Édgar Sánchez, presentado el 15 de septiembre de 2008, y que busca dejar sin efecto una resolución dictada 14 días antes por un Tribunal de Apelación para anular la condena en primera instancia contra los propietarios del supermercado.
Sánchez solicitó además en la ocasión que queden en firme las condenas aplicadas el 2 de febrero del año pasado por un tribunal de primera instancia, que sentenció a 12 años de cárcel a Juan Pío Paiva, a 10 años a Víctor Paiva, a cinco años a Daniel Areco y a dos años y seis meses al accionista Humberto Casaccia.
El tribunal de apelación argumentó errores de procedimiento durante el juicio en el que los jueces Germán Torres, Blas Cabriza y Bibiana Benítez declararon culpables a los principales procesados por homicidio doloso y homicidio doloso en grado de tentativa.
En la sentencia se precisó que la condena era por la muerte de 327 personas, aunque la Fiscalía denunció 364 víctimas fatales, así como 249 heridos frente a los 268 que incluía la denuncia del Ministerio Público.
El juicio tuvo que ser repetido al anularse el celebrado en diciembre de 2005, por la reacción violenta de los sobrevivientes y familiares ante las condenas menores impuestas entonces.
El Ycuá Bolaños, situado en un populoso barrio de la periferia de Asunción y que estaba repleto de clientes el domingo 1 de agosto de 2004, fue devastado por el fuego que se originó en la parrilla del restaurante, en el segundo piso del edificio.
La Fiscalía argumentó en el juicio que las puertas del local fueron cerradas por orden de los dueños cuando comenzó el fuego, para evitar actos de vandalismo o que los clientes se fueran sin pagar.
