¿El motivo? La venganza. Vanessa , quien según sus profesores y compañeros era estudiosa, bromista, buena gente, educada y deportista, fue ultimada porque algunos familiares están vinculados a la mara 18, acérrima enemiga de la MS.
En El Salvador, Honduras y Guatemala, hay diferentes grupos pandilleros, pero las principales son: la Salvatrucha y la 18. Sí, tienen los mismos nombres y la Policía investiga si están relacionadas.
“Déjenme, yo no tengo la culpa”. Esas fueron las últimas palabras de la niña, cuya camisa escolar quedó manchada de negro por la pólvora expandida de los balazos.
Casos como el de la joven Bonilla, son comunes en El Salvador, y aunque ella no era pandillera, se convirtió en una víctima más de la violencia generada por las maras. Si en Honduras llueve en El Salvador no escampa. Las maras de ese país centroamericano han desatado una ola de violencia que el presidente Francisco Flores y la Policía Nacional Civil (PNC) tratan de controlar con la recién declarada ley que señala como ilegales a las pandillas y tipifica como delito la pertenencia a éstas.
El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Ricardo Mauricio Menesses, dijo en entrevista exclusiva a El Panamá América que actualmente en El Salvador para luchar contra las pandillas se están usando las herramientas legales existentes en la Legislación Penal y Procesal Penal.
La pelea es dura, ya que el 60% de los homicidios a nivel nacional es cometido por miembros de las maras, pero gracias al plan “Mano Dura”, las estadísticas de delitos han disminuido considerablemente.
Menesses dijo que los pandilleros que desean ser resocializados tienen la oportunidad de formar parte de programas gubernamentales llevados a cabo en centros de readaptación. También existen centros de orientación y consejería dirigidos a niños y adolescentes, como por ejemplo el Instituto Salvadoreño de Protección a la Niñez y la Adolescencia (ISNA), que se encarga del tratamiento a los menores que se encuentran en riesgo social.
Además está el programa de prevención social de la violencia y delincuencia desarrollado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública que depende del poder Ejecutivo, así como programas de las iglesias tanto católicas como protestantes, las que desarrollan sus propios programas de atención espiritual y laboral, agregó el policía de carrera.
El director general de la PNC indicó que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) tienen programas específicos para el tratamiento de jóvenes involucrados en las pandillas, que le permiten la reinserción social mediante un empleo. Sin embargo, agregó que las experiencias son malas, ya que los jóvenes no están dispuestos a trabajar. El comisionado expresó que la Policía esta desarrollando por decreto ejecutivo el Plan denominado "Mano Dura", en la metrópolis y en el centro del país, con el que se ha obtenido la disminución en un 20% de los homicidios a nivel nacional, en los dos primeros meses de aplicación.
Resocializar a los mareros no es fácil. El director de la PNC manifestó que hay casos de pandilleros que han sido detenidos hasta cinco veces, durante el periodo del plan “Mano Dura”.
Otros jóvenes cuando salen de la cárcel regresan a cometer asesinatos, robos y todo tipo de fechorías.
La segunda, es la desintegración familiar y entre otras se pueden mencionar la influencia de amigos y deseos de venganza o de protección.
Como requisito para ingresar el joven aspirante debe soportar una golpiza y cometer acciones delictivas contra pandillas rivales o la comunidad. La mayoría de la población salvadoreña no cree en la rehabilitación de los mareros, ya que sus acciones siempre han estado encaminadas a la delincuencia y violencia.
A diferencia de Honduras, donde el obispo auxiliar de San Pedro Sula, monseñor Rómulo Emiliani realiza los trabajos de mediador entre el Gobierno y las pandillas, en El Salvador no se ha llegado a este punto.
El comisionado dijo que no se han dado casos de salvoconductos, como los que lleva a cabo Emiliani a favor de los mareros. Luego de tres meses de lucha el presidente salvadoreño, Francisco Flores pudo sancionar la ley antimaras el pasado viernes, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara la legislación especial, que sólo durará seis meses.
Según la ley las maras son agrupaciones de personas que alteran el orden público y atentan contra el decoro y las buenas costumbres. Son motivo de captura reunirse habitualmente; señalar territorio como propio y tener señas como comunicación o marcarse con tatuajes.
En declaraciones a “La Prensa Gráfica”, el subdirector de la PNC, Pedro González, descartó que con la ley la Policía inicie "una cacería de brujas".
Como quedó la reforma del Artículo 348, del Código Penal, "los que conformen pandillas denominadas maras, con el fin de provocar desórdenes o intimidación, serán sancionados con prisión de tres a cinco años".
Las reformas, también establecen pena de cárcel de cinco a ocho años, para los pandilleros que cometan delitos de robo, extorsión, lesión, privación de libertad, delitos sexuales o amenazas agravadas; y de ocho a 10 años, cuando cometan un homicidio agravado o un secuestro.
Desde el 23 de julio, la Policía y el Ejército ejecutan el "Plan Mano Dura" contra las pandillas, y ya han capturado a más de 3,000 mareros.
