Una persona murió y otras seis resultaron heridas cuando un sujeto armado abrió fuego en una plaza repleta de manifestantes adversarios del presidente Hugo Chávezen, en la culminación de una multitudinaria marcha opositora por el Día Internacional del Trabajo, que volvió a revivir el fantasma de la violencia política en Venezuela.
Emblemáticamente, el cadáver de la víctima, identificada como Ricardo Herrera de 46 años por la Policía, fue cubierto con una bandera venezolana sobre el pavimento hasta que fue trasladado a la morgue. Efectivos de la uniformada Policía Metropolitana y la militarizada Guardia Nacional dispersaron después a los manifestantes, con gases lacrimógenos.
La jornada fue empañada con el estallido de disparos en la céntrica Plaza O Leary, punto de llegada de la marcha opositora, tras una discusión, según narró al canal de noticias Globovisión, el alcalde Leopoldo López del residencial distrito Chacao, antagonista de Chávez.
López dijo que cuatro o cinco tiros se produjeron a 15 metros de donde estaba y llamó a los venezolanos a desterrar la violencia. La televisora opositora Venevisión denunció que uno de sus camarógrafos fue atacado con canicas (bolitas de cristal), que impactaron en el lente de su cámara.
Horas antes de los incidentes, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Manuel Cova, anunció que la oposición decidió retomar las protestas callejeras para presionar la salida de Chávez. "Este pueblo está de nuevo en la calle"", señaló Cova. Desde el fracaso del paro general en febrero pasado la oposición se había mantenido relegada, y habían cesado las manifestaciones contra el gobierno.
A partir del 1de mayo empieza a correr el tiempo que le queda a este presidente (Chávez) porque este año lo vamos a sacar del poder"", señaló Cova durante un discurso que dio en la multitudinaria concentración que hizo la oposición en el centro de Caracas. El dirigente sindical instó a la población a formar comités a favor del referendo que está promoviendo la oposición para revocarle el mandato a Chávez.
La Constitución permite la realización del referendo revocatorio después que el mandatario complete la mitad de su período de seis años. Chávez cumple la mitad de su mandato el próximo 19 de agosto.
Olmos destacó que los tribunales de justicia están considerando algunos aspectos de fondo en la legislación vigente. Puso como ejemplo, que en los delitos contra la vida silvestre la autoridad administrativa tiene la potestad de aplicar sanciones administrativas y posteriormente una multa, pero si el mismo constituye un delito, la ANAM envía el expediente a las distintas dependencias del Ministerio Público, lo que muchos han catalogado como una razón para declarar la nulidad del expediente al considerar que existe doble juzgamiento.
En el despacho en el que labora el fiscal Olmos se observó que una cosa es que la persona infractora de la Ley de la Vida Silvestre penetre en áreas protegidas y que se dedique a la casa de especies en peligro de extinción, lo que conlleva una sanción administrativa, y por otro lado, esto no exime que sea considerado un delito que puede llegar a la esfera judicial, de comprobarse que existe tráfico de especies.
El fiscal destacó que cualquier persona que conozca o se percate de un delito ambiental puede acudir a la ANAM o bien, según el hecho, presentar su denuncia ante el Ministerio Público. Todos los delitos contra la ecología son graves, pero a juicio del fiscal Olmos, los que pueden ocasionar un perjuicio más considerable son los delitos contra la vida silvestre, en donde se pone en peligro especies amenazadas con desaparecer.
En cuanto a las conductas más graves, señaló la construcción de obras dentro de áreas protegidas, hecho en muchas ocasiones aislado, y en donde se hacen movimientos de tierras que tienen un efecto devastador sobre otros recursos como agua y bosques, a un delito menor que tenga como justificación la caza para el sustento alimenticio.
El 5 de septiembre de 2001 el procurador de la nación, José Antonio Sossa, presentó ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley sobre delitos contra el ambiente.
El 26 de diciembre del 2002 se aprobó en primer debate, se efectuaron algunas modificaciones y se suprimieron algunos artículos. Uno de los artículos derogados se refiere a los delitos contra la tramitación documental ambiental, es decir, al estudio de impacto ambiental (documento de prevención del daño ambiental) que según el fiscal Olmos, debe ser reconsiderado.
