AL MENOS 122 personas acusadas de haber violado los derechos humanos durante el régimen militar (1976-1983) fueron encarceladas en Argentina a partir de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, informó ayer el diario Página/12.
La cifra incluye también a los acusados de apropiarse de hijos de detenidos-desaparecidos, un delito que no fue cubierto por las leyes dictadas en 1985 y 1987, las cuales libraron de responsabilidad penal a quienes intervinieron en la llamada "guerra sucia" lanzada por los militares contra la subversión. Esas leyes fueron anuladas en agosto de 2003 por el Parlamento argentino, pero, además, antes varios jueces las habían declarado inconstitucionales.
