El nacionalista Ollanta Humala asumirá el Gobierno de Perú en julio próximo con más de 220 conflictos sociales abiertos a nivel nacional, principalmente por reclamos socioambientales vinculados con la minería, según un reporte ofrecido ayer por la Defensoría del Pueblo.
El defensor adjunto para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad, Rolando Luque, afirmó a la prensa extranjera acreditada en Lima, que los actuales conflictos son 227, de los cuales 142 se mantienen activos y 85 latentes.
La Defensoría produce un reporte mensual sobre estos conflictos, que dijo que estos tienen que ver con temas de seguridad, desarrollo, gobernabilidad y derechos fundamentales.
Añadió que el 64 % de conflictos están en proceso de diálogo, aunque reveló que, por lo menos, en el 51% de los casos han producido hechos de violencia.
Las regiones que en este momento afrontan una mayor agitación social son la norteña Ancash (con 27 casos), la sureña Puno (21), Lima (19) y Cajamarca (17).
Al explicar los motivos de la conflictividad, Luque dijo que esta ha coincidido con un momento de crecimiento muy importante de la economía peruana lo que, explicó, "evidentemente ha generado enormes expectativas en la población".
"Esas expectativas no van a ser suspendidas ni eliminadas de cara al nuevo gobierno", remarcó el Defensor adjunto, para luego recordar que Perú tiene 50,000 millones de dólares comprometidos en inversiones para los próximos 10 años, lo que puede incentivar más conflictos.
Al respecto, aseguró que para los pobladores de la sierra y selva peruana "no todo es dinero, no todo es economía" y que, más bien, ellos "exigen ser respetados en sus derechos".
Luque también insistió en que el próximo gobierno debe aprobar la Ley de consulta previa a las comunidades indígenas, que fue finalmente dejada de lado por la actual gestión de Alan García.
Además recordó que la conflictividad se da también por una falla en la institucionalidad del Estado, "que no se ha reformado suficientemente para ser más receptivo" a las demandas ciudadanas: "Creemos que en Perú existe una insuficiente cultura de diálogo", señaló, antes de atribuirlo a "los largos periodos de dictadura" que ha vivido.
