U n ascenso profesional acompañado de una jugosa recompensa fue motivo suficiente para que militares colombianos, amparados en la práctica de "body Count" o "conteo de cuerpos, mataran a diestra y siniestra a civiles y los presentaran como guerrilleros muertos en combate. Acción que muestran cómo ha prevalecido en el Ejército colombiano la mentalidad de que ganar la guerra es causarle más bajas a la guerrilla.
Modus operandi.
Según la revista Semana, el modus operandi es el siguiente: reclutadores ligados a bandas emergentes (eufemismo para designar a las bandas paramilitares de siempre, pero oficialmente desmovilizadas) merodean a jóvenes de estratos bajos, a quienes les ofrecen trabajos "non sanctos", pero jugosos generalmente en el campo. Por cada muchacho cobran un promedio de 150 dólares.
Las bandas corren con los gastos. Los muchachos reclutados con engaños son puestos a disposición de los militares para que los den de baja como guerrilleros tras una farsa de combate.
Luego los muertos son "legalizados". Así la guarnición aumenta puntos por servicios prestados a la patria en la lucha contrainsurgente.
A cambio, el Ejército le da protección a las bandas. Es decir, el Ejército nacional al servicio del crimen organizado, como el mismo presidente Álvaro Uribe lo reconoció.
Destitución.
El escándalo mayor sobre los "falsos positivos" se desató desde enero de 2008, cuando Roberto Jairo Mesa, de Soacha, población suburbana de Bogotá, denunció la desaparición de su hermano en enero de este año. Un funcionario de medicina legal le comunicó, tiempo después, que su hermano podría estar en una fosa común en Ocaña en donde efectivamente lo encontraron. El enigma era cómo una persona desaparecida en Soacha el 26 de enero, apareciera muerto al otro día, a las 10 de la noche en Ocaña, una población ubicada a 400 km al noreste de Bogotá.
En la fosa se identificaron 11 cadáveres más de muchachos desaparecidos de Soacha y técnicamente dados de baja en combate por efectivos del Ejército. Como se pudo establecer rápidamente, se trataba de adolescentes, la mayoría menores de edad.
El escándalo fue de tal magnitud que el Gobierno no tuvo otra alternativa que botar a 27 militares: tres generales, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles y suboficiales, el 29 de octubre y precipitó además la renuncia del comandante del Ejército, Mario Montoya. Además, el 16 de noviembre también fueron destituidos cuatro oficiales, seis suboficiales y tres soldados relacionados con este caso.
