El gobierno de Nicaragua "podría tomar medidas más enérgicas" para hacer frente a una crisis política provocada por la excarcelación del expresidente Arnoldo Alemán, aseguró una fuente oficial.
"No cabe duda que existen recursos legales y constitucionales y (el presidente Enrique Bolaños) podría tomar medidas más enérgicas para resolver la situación", dijo ayer el secretario de la presidencia, Leandro Marín, quien sin embargo no hizo mayores precisiones.
El otorgamiento el pasado miércoles de prisión domiciliaria a Alemán, que estaba en la cárcel desde agosto por presuntos delitos de corrupción, ha sido interpretada por el gobierno como una alianza del exmandatario con el opositor Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).
Dicha alianza marcaría el inicio de un pacto que podría llevar a la reformas constitucionales para debilitar al gobierno, de acuerdo con analistas.
Algunos opositores al pacto entre liberales y sandinistas han aconsejado a Bolaños que establezca un estado de emergencia y suspenda las garantías constitucionales.
"Aunque pudiera llegarse a ese extremo, no ha llegado ese momento, se quieren agotar todas las formas de diálogo, todas las formas de razonamiento, manteniendo abiertas todas las opciones legales, tanto nacionales y de carácter internacional", comentó Marín en la estatal Radio Nicaragua.
Por otra parte, la Fiscalía de Nicaragua pidió anular el juicio por lavado de dinero contra el presidente Arnoldo Alemán (1997-02) por supuesta falta de pruebas que demuestren su vinculación al narcotráfico, informó ayer una fuente oficial.
La solicitud fue presentada por la fiscal Mayra Paiz a la jueza del crimen de Managua Juana Méndez, en los alegatos finales de este juicio que entrará a sentencia el próximo 5 de diciembre, confirmó un portavoz de la Fiscalía a la AFP.
"Estamos frente a un proceso que se ha tramitado por un hecho atípico" debido a que el delito de lavado de dinero sólo existe si se demuestra su conexión a actividades ilícitas provenientes del narcotráfico y no como consecuencia de malversación de fondos públicos, señaló la Fiscalía.
Alemán, máximo dirigente del Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), fue acusado por la Procuraduría de Justicia, en diciembre de 2002, de haber lavado unos 10 millones de dólares del erario público para beneficiar negocios personales y familiares.
La Fiscalía consideró que la acusación fue mal formulada, y que las irregularidades denunciadas caben más bien dentro de los delitos financieros contra el Estado que deben ser demostrados con una auditoría de la Contraloría, que aparentemente no se realizó.
"A nuestro criterio (es necesario) al menos presentar una auditoría que refleje con claridad el perjuicio patrimonial causado al Estado", para determinar los montos y gravedad de los delitos imputados al ex mandatario, consideró la fiscal.
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