El Gobierno mexicano pisó a fondo el acelerador en el proceso de extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán, que la defensa del capo espera frenar con un amparo contra su traslado a Estados Unidos e, incluso, un recurso ante la Suprema Corte.
El Gobierno se oponía a la extradición del líder del cartel de Sinaloa, pero después del escándalo desatado por su fuga el 11 de julio de 2015 a través de un túnel de 1.5 kilómetros desde su celda en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en el central Estado de México, cambió de opinión.
Unos días después de su recaptura el 8 de enero pasado, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo que se trabajaba para acelerar el proceso de entrega a la nación vecina.
El capo regresó al Altiplano, pero el 7 de mayo pasado fue trasladado a una cárcel en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, prácticamente en la frontera con Estados Unidos, lo que desató versiones sobre una inminente extradición.
El Gobierno explicó entonces que el traslado se debía a obras en el Altiplano y desmintió oficialmente la hipótesis de la extradición inmediata dos días más tarde.
Pero la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que concedió la extradición del narcotraficante, quien huyó por primera vez en 2001 de una cárcel de máxima seguridad, la de Puente Grande en el occidental estado de Jalisco, y fue reaprehendido 13 años después.
"Las solicitudes de extradición presentadas por el Gobierno estadounidense cumplen con todos y cada uno de los requisitos previstos en el Tratado de Extradición" bilateral.
La institución destacó que "el Gobierno estadounidense proporcionó las garantías suficientes de que no se aplicará la pena de muerte al señor Guzmán" tras ser extraditado y juzgado en ese país.
