Unos 13,000 peruanos están indocumentados debido a que vivieron situaciones de desplazamiento y de falta de autoridad en las zonas afectadas por la violencia interna que azotó el país del año 1980 a 2000, denunció ayer el defensor del pueblo de Perú, Walter Albán.
Las víctimas y deudos de la violencia política sufren de exclusión porque "no existen formalmente" y tampoco tienen opción de pagar las tasas requeridas para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI), agregó Albán.
En los años de la violencia desatada por Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, grandes extensiones de territorio quedaron bajo control de las Fuerzas Armadas y las autoridades municipales fueron hostigadas.
El desplazamiento de las poblaciones hacia centros urbanos en la costa también contribuyó a que se postergue la documentación de los desplazados.
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