El vicealmirante Héctor Ramírez, implicado en el golpe de Estado del pasado 11 de abril, negó ayer que se "hubiera ensayado" la lectura del pronunciamiento militar de aquel día, y que los altos mandos de las fuerzas armadas supieran que en las manifestaciones de ese día se iban a producir muertos.
"Es completamente falso que se sabía de los muertos anteriormente, y que fue una maniobra planificada. Ahora se quiere crear una matriz de opinión para desviar la atención de la verdad", afirmó Ramírez.
Ramírez desmintió así el testimonio del periodista de CNN en español, Otto Neustadt durante los sucesos del 11 de abril, quien dijo que los mandos militares implicados en el golpe de Estado sabían previamente sobre la existencia de francotiradores en las manifestaciones, y que habría víctimas mortales.
Un alto funcionario del Departamento de Estado, al explicar la decisión del lunes, dijo que desde mayo las fuerzas armadas de Colombia han suspendido a 16 militares -entre ellos a seis oficiales- y dado de baja a 29 individuos sospechosos de tratar de encubrir muertes de civiles.
El funcionario dijo que el gobierno estadounidense recibió cartas de investigadores civiles colombianos indicando que las autoridades militares del país sudamericano han cooperado con sus investigaciones.
En los primeros ocho meses del año en curso, las fuerzas armadas de Colombia han matado a 160 miembros de los grupos paramilitares ultraderechistas y arrestado a 416, en comparación con 96 muertos y 590 arrestados en todo el 2001, agregó.
En los últimos tres meses, las fuerzas armadas colombianas han tenido 11 confrontaciones de gran envergadura con los paramilitares y han combatido algunas de las actividades principales que financian las operaciones de esos grupos, precisó el funcionario, quien pidió no ser identificado.
Sin embargo, el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Estados Unidos, William Schulz, dijo en una declaración: "Decir que Colombia ha cumplido las condiciones relacionadas con los derechos humanos no es más que una farsa, ya que el país ha fracasado en hacer avances significativos...".
"Suministrarle fondos adicionales (a Colombia) en esta etapa es particularmente peligroso. El presidente Alvaro Uribe, quien lleva sólo un mes en su mandato, ha creado un ambiente que brinda poderes aún mayores a una fuerza militar que ya actuaba con impunidad", agregó.
Por su parte José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división estadounidense de la organización Human Rights Watch, dijo: "Todas las pruebas que hemos podido recoger muestran en forma consistente que hubo un deterioro en los derechos humanos en Colombia desde mayo".
Vivanco dijo a Reuters que el personal militar arrestado constituye principalmente elementos de baja jerarquía que después fueron liberados por falta de pruebas. Los 104 millones de dólares sujetos a las tres condiciones establecidas son sólo una parte pequeña de la ayuda de Estados Unidos a Colombia, el tercer favorecido por la ayuda norteamericana después de Israel y Egipto.
Estados Unidos ha dado a Colombia más de 1.000 millones de dólares en los dos últimos años para combatir el tráfico de drogas. Bajo una ley aprobada recientemente por Estados Unidos, Colombia puede usar también la ayuda para combatir a la guerrilla izquierdista, que Washington considera grupos terroristas.
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