El pedido de militares uruguayos retirados al presidente José Mujica que vete la ley que permitirá investigar los crímenes de Estado de la dictadura (1973-1985) y su advertencia de que la democracia está en declive alimentó la polémica sobre la anulación de Ley de Caducidad.
El Jefe de Estado, de 75 años, trece de los cuales los pasó en la cárcel por su lucha guerrillera, reiteró que no va a vetar la ley porque su responsabilidad "como titular del Poder Ejecutivo es bancar (soportar) todo".
Sin embargo, también advirtió que "los abogados se van a hacer una fiesta por cuanto habrá reclamos cruzados de todo tipo", en alusión a los posibles recursos de inconstitucionalidad contra la iniciativa aprobada el miércoles.
