Miles de menores fueron objeto de abusos sexuales y torturas físicas y psíquicas en instituciones estatales regentadas por religiosos de Irlanda durante casi 70 años, reveló ayer un informe elaborado por una comisión gubernamental.
Los abusos, una situación que el documento calificó de "endémica" en este país, provocó que varias generaciones de niños y niñas entregados al cuidado del Estado viviesen "a diario el terror" de los castigos corporales.
La Comisión sobre Abusos a Menores fue establecida en 2000 para aclarar numerosas denuncias de abusos sexuales ocurridos desde 1940 hasta mediados de la pasada década de los 80 en escuelas públicas, orfanatos, centros para enfermos mentales y en otras instituciones estatales, que, en su mayoría, estaban administradas por sacerdotes y monjas de la Iglesia católica irlandesa.
No obstante, la investigación documentó casos que se remontan hasta 1914 y otros, más cercanos, denunciados en 2000.
El informe, de unas 2.500 páginas, es un catálogo de "abusos sexuales crónicos" y de maltratos físicos y emocionales infligidos "sobre miles de menores desfavorecidos, abandonados y olvidados" tanto por religiosos como por personal laico.
El texto también lanza duras críticas contra la jerarquía católica irlandesa, a la que acusa de pasividad ante los abusos cometidos por individuos reincidentes.
Entre las órdenes religiosas investigadas figuran las Hermanas de la Misericordia -a cargo del mayor número de instituciones para menores-, los Hermanos Cristianos -el principal gestor de instituciones para chicos de entre 10 y 16 años de edad- y las Hermanas de Nuestra Señora de la Caridad y Refugio.
Estas últimas administraban las infames "Lavanderías de la Magdalena", popularizadas por la película "Las hermanas de la Magdalena" (2002), donde se recluía a jóvenes de supuesta vida disoluta bajo un régimen de esclavitud y continuas humillaciones.
Para la Comisión, las congregaciones religiosas no tuvieron en cuenta las consecuencias que tendrían sus acciones sobre el desarrollo de los menores.
Solución.
El presidente de la Comisión, Sean Ryan, aseguró que las autoridades eclesiásticas abordaban las denuncias de abusos sexuales trasladando a los agresores a otro lugar, donde, "en muchos casos", volvían a delinquir. El bienestar general de los niños no se tomaba en cuenta.
Los castigos eran "perversos, severos, arbitrarios e impredecibles.
La Comisión descubrió "casos específicos" en 216 instituciones.
