Un año después de la matanza de 68 personas en la Granja Penal El Porvenir, en el Caribe de Honduras, no se ha hecho justicia contra los responsables, entre los que figuran policías, militares y reos.
Al menos tres informes que han trascendido al público incriminan a elementos de la seguridad interna de la prisión y militares en la muerte de 65 reclusos y otras tres personas, entre ellas una niña, que andaban de visita el día de la matanza, el 5 de abril de 2003.
La masacre fue recordada ayer, con una misa en recuerdo de las 68 personas, de las que unas 25 murieron quemadas en dos celdas.
El Gobierno y las AUC abrieron a finales de 2002 una fase exploratoria de paz, previa la declaración por los paramilitares de un cese indefinido de hostilidades, que en julio del año siguiente arrojó el primer resultado concreto. Las partes firmaron entonces un acuerdo que compromete al agrupamiento con la desarticulación de sus cerca de 13,000 miembros en un proceso gradual.
