PESE A que existen normas que le garantizan a las personas sordas integrarse a la sociedad, estas regulaciones se ignoran.
La Ley No. 1 del 28 de enero de 1992, que protege a las personas con discapacidades auditivas, reconoce el lenguaje de señas como la lengua natural de los sordos.
En cuanto a los medios de comunicación, esta norma concedía un periodo de cinco años para hacer las adecuaciones y efectuarse la equiparación de oportunidades.
En su artículo tercero establece que los medios televisivos facilitarán los mecanismos para que la información que brinden sea comprendida por las personas con discapacidad auditiva.
Garantiza que las personas con discapacidad al igual que todos los ciudadanos gocen de los derechos que la Constitución y las leyes le confieren.
En este sentido son muy pocas las programaciones que han sido ajustadas a esta medida. Las únicas son el programa "El Canal al Día" de la Autoridad del Canal (ACP) y algunas misas.
En cuanto al derecho a la educación tampoco se ha cumplido lo que plantea la ley.
La norma vigente establece igual periodo de tiempo para que el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) coordine con las universidades oficiales y particulares e institutos de enseñanza superior, políticas que permitan el ingreso, la continuidad y culminación de los estudios de los discapacitados, aspecto que tampoco ha sido cumplido.
También la Ley 42 del 27 de agosto de 1999, por la cual se establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, plantea aspectos fundamentales que están a la espera de ser aplicados.
Estamos en pleno siglo XXI y aún en nuestro país no se ha podido dar cumplimiento a estas normas para garantizar a los dispacitados su inserción a la sociedad.
