La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) propuso aplicar nuevas políticas de precios del agua que incluyan aportaciones para la preservación de los ecosistemas, a fin de superar la crisis de escasez y calidad de ese recurso natural.
En el estudio "Establecer pagos por los servicios de agua", presentado por la UICN, con sede en Gland (Suiza), en la víspera del Día Mundial del Agua, la organización analizó diversos sistemas de pago de los recursos hídricos y plantearon como ejemplo el caso de una ciudad costarricense, entre otros.
Según la organización, "el precio del agua debe reflejar la contribución que realizan los ecosistemas naturales a la calidad y la cantidad de ese recurso".
Por ello, apuesta por aumentar las inversiones "encaminadas a mejorar la sostenibilidad de los ecosistemas" en los distintos mercados del agua, con lo que "se podría solucionar la actual crisis de ese recurso".
"La Naturaleza proporciona agua de manera gratuita, pero cuanto más se contamina, más nos cuesta purificarla", advierte la UICN.
Asimismo, indica que un mercado del agua adecuado "también puede ayudar a romper el ciclo del consumo excesivo, la deforestación y el empobrecimiento de las comunidades rurales".
El estudio analiza las distintas políticas de tarificación del agua que se han puesto en marcha en diferentes partes del mundo, tanto por parte del sector privado como del público.
Uno de los casos analizados es el de la ciudad costarricense de Heredia, donde los ciudadanos pagan un canon en su factura del agua para proteger los bosques y las fuentes de agua de las que depende el abastecimiento del municipio.
Heredia, a unos doce kilómetros al norte de San José y con unos 104, 000 habitantes, concentra tres de los acuíferos más importantes del área metropolitana de Costa Rica, de donde se obtiene el agua para la mayoría de los habitantes de la capital. Recientemente, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, incluyó en el cobro mensual a sus usuarios un cargo de tres colones (0.005 dólares) por litro de agua, el cual se destina al pago de servicios ambientales a dueños de fincas por conservar esos recursos.