El procurador peruano para casos de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, expresó ayer su discrepancia con el fallo de la Corte Suprema que dejó en manos de la justicia castrense el proceso contra miembros de un comando militar acusados de presunta ejecución extrajudicial de al menos tres terroristas rendidos.
Gamarra dijo que el supuesto asesinato de dichos integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que formaron parte del grupo que retuvo por más de cuatro meses a 72 rehenes en la residencia de la embajada de Japón en Lima, no es un delito militar "de función", por lo cual es de competencia del fuero común.
"Esos son crímenes de naturaleza común y deben ser resueltos por el Poder Judicial, no por la justicia militar", recalcó La información oficial precisó que los catorce militantes del MRTA murieron en el combate.
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