Lo ocurrido en Bolivia durante las jornadas violentas del 12 y 13 de febrero fue una insubordinación de miembros de la Policía"" y no una insurrección popular, según un informe presentado ayer por César Gaviria, secretario ejecutivo de la OEA.
Gaviria llegó a La Paz para entregar al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada los resultados de la investigación que realizó la OEA (Organización de Estados Americanos) por pedido del gobierno boliviano sobre esa revuelta, que dejó 28 muertos y más de 200 heridos.
El informe, según el gobierno, tiene valor moral y no jurídico, pues las sanciones que deberán aplicarse en este terreno dependerán de una investigación paralela que realiza el Ministerio Público, con demoras atribuidas a una supuesta falta de colaboración del ejército.
La OEA sostiene también que si bien es evidente que la vida del primer mandatario estuvo amenazada no existen por el momento suficientes evidencias para afirmar de manera categórica que dichos disparos respondieron a un plan preestablecido para asesinar al presidente de la república de Bolivia.
El informe hace referencia a los balazos que recibieron las oficinas del presidente en el palacio de gobierno durante el 12 de febrero. El edificio se encuentra frente a la plaza Murillo, donde policías amotinados y militares leales al gobierno sostuvieron ese día enfrentamientos, que fueron seguidos de ataques a edificios públicos y saqueos a centros comerciales cometidos por turbas.
El documento sostiene que las fuerzas militares actuaron en defensa de la democracia y del estado de derecho ante el ataque de la policía, y actuaron de forma contenida y proporcional"". Sin embargo, pide que se investigue la actuación de algunos militares que pudieron haber cometido abusos.
La Policía, que inició un amotinamiento el 11 de febrero, aparece como gran responsable de los hechos. Los uniformados reclamaban un incremento salarial del 40% y decían estar en contra del la aplicación de un impuesto a los salarios, anulado por el gobierno a causa de la revuelta.
