La Organización de Estados Americanos (OEA), que comenzó a verificar la negociación de paz entre el gobierno de Colombia y los escuadrones paramilitares de ultraderecha, recomendó ayer la concentración de esos grupos armados ilegales en zonas específicas.
"Es aconsejable (la concentración) porque facilita la verificación sobre todo del cese al fuego, del cumplimiento de los acuerdos, la entrega de armas y el proceso de reinserción", dijo el jefe de la misión de la OEA para el proceso con los paramilitares, el argentino Sergio Caramagna.
La OEA y Colombia firmaron a finales de enero un convenio para el acompañamiento al proceso de paz en este país, que se constituyó en la primera respuesta concreta de la comunidad internacional a los llamados del presidente Alvaro Uribe para que apoyen su política de pacificación.
Los escuadrones paramilitares de ultraderecha son ilegales grupos armados que combaten a la guerrilla izquierdista y son acusados de contar con el apoyo de algunos sectores de las fuerzas armadas y de cometer las peores violaciones a los derechos humanos en el marco de un conflicto interno de 40 años.
"Tiene que definirse en la mesa de negociación cuál es el territorio más adecuado, cuál es el posible territorio que sea factible de ser custodiado, controlado, donde puedan convivir durante un tiempo los armados esperando la solución definitiva a su problema", explicó Caramagna quien trabajó en la desmovilización de los "contras" en Nicaragua.
El gobierno de Uribe mantiene una negociación de paz con los principales grupos paramilitares en busca de la desmovilización y reincorporación a la vida de civil de al menos 18,000 combatientes antes del 31 de diciembre del 2005.
El proceso de paz se inició en diciembre del 2002, luego de que los paramilitares declararon un cese de hostilidades, pero la negociación afronta varias dificultades.
La falta de verificación y un polémico proyecto gubernamental que pretende conceder amnistías e indultos a los jefes de esos grupos, acusados de delitos de lesa humanidad como masacres, desapariciones y desplazamientos forzados, son las principales dificultades.
Aunque ese proyecto de ley también contempla beneficios jurídicos para combatientes de la guerrilla que depongan las armas e inicien un proceso de paz, organizaciones internacionales como la ONU han advertido que abre paso a la impunidad y atenta contra la justicia y la democracia.
La misión especial de la OEA, que dirige Caramagna, tiene como tareas específicas la verificación del cese del fuego y de hostilidades, la desmovilización y desarme, y la reinserción de los miembros de los grupos armados ilegales.
