- 26 de septiembre de 2014, un grupo de 43 jóvenes estudiantes desaparecieron en un hecho confuso.
Sacerdote no fue recibido para declarar sobre desaparecidos
- La Fiscalía mexicana no recibió al sacerdote Alejandro Solalinde, quien acudió a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) para entregar información sobre la desaparición de 43 estudiantes en el municipio de Iguala. Yo vine a presentar mi declaración porque así me lo pidieron las autoridades. Yo viene a comparecer, pero resulta que no nos recibieron, expuso el sacerdote a periodistas. Solalinde, férreo defensor de los derechos de los migrantes, contó que había acudido para entregar un escrito a ese organismo perteneciente a la fiscalía, en el que recoge el testimonio de cuatro personas, que —en su opinión— contribuiría a resolver el caso.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera “desaparición forzada” el caso de los 43 estudiantes de Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, según su representante adjunto en este país, Jesús Peña Palacios.
Tras reunirse con la comisión parlamentaria que investiga el caso, Peña Palacios pidió a las autoridades del país que agilicen la investigación de la desaparición de los 43 jóvenes, y pidió que se sancione a los responsables y se repare el daño a las víctimas, informó la Cámara de Diputados mexicana.
“Esperamos que lo antes posible las autoridades puedan esclarecerlo, investigarlo adecuadamente, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas”, afirmó el representante del organismo internacional.
Peña Palacios explicó a los medios algunas medidas legislativas que se podrían aplicar en México para garantizar que no se repitan estos casos, como la creación de una ley general e integral sobre desaparición forzada de persona y un plan de búsqueda.
Según el funcionario, el asesinato de las personas en Iguala, las heridas causadas a otras y la desaparición forzada de los 43 jóvenes suponen una grave violación a los derechos humanos, además de un reto para las autoridades investigarlo y encontrar a los responsables.
“Nosotros solo vamos a alentar a las autoridades para que dispongan todos los recursos disponibles para el rápido esclarecimiento de los hechos”, indicó.
Peña Palacios se reunió durante dos horas con los legisladores que forman parte de esta Comisión Especial para dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos en Iguala.
Por su parte, los diputados Ricardo Mejía Berdeja, del Movimiento Ciudadano; y Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, coincidieron en que lo ocurrido en Iguala “es un caso de desaparición forzada en términos de la legislación nacional y en materia internacional”.
Afirmaron que las autoridades federales no defendieron a los jóvenes normalistas, ya que “el batallón 27, con sede en Iguala, tuvo conocimiento de los hechos y no actuó con la debida oportunidad”.
También señalaron que hizo falta un protocolo de acción para actuar con la prontitud que demandaba el caso.
Reconocen errores
La Fiscalía de México ha reconocido ante las familias de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en Iguala que han existido errores en el proceso de exhumación de las primeras fosas halladas hace tres semanas. Los padres de los normalistas se han reunido este lunes con el ministro de Interior, Miguel Ángel Osorio Chong, y el fiscal general, Jesús Murillo Karam, quienes atribuyen este proceso erróneo a la Procuraduría del Estado de Guerrero, la encargada inicial de la investigación.
“Lo que nos dicen, y lo que hemos corroborado con nuestros peritos, es un mal procedimiento para la exhumación de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero y de todas las organizaciones estatales. Hicieron una intervención inadecuada en el proceso de identificación”, comentó a la prensa mexicana Vidulfo Rosales, integrante del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan al salir de la reunión.
Unos 60 familiares de los normalistas acudieron en autobuses desde Ayotzinapa hasta Acapulco para conocer por primera vez los detalles de la investigación, tras la desaparición de los estudiantes hace casi un mes.
Aunque Murillo Karam descartó el pasado 15 de octubre que los 28 cuerpos encontrados en cinco fosas en Iguala pertenecieran a los estudiantes, el fiscal general ha apuntado ante los padres que no es posible llegar a una conclusión hasta que los estudios forenses terminen.
“Nos dijeron que hay algunos detenidos que están interrogando y que los están acercando a los muchachos, pero nada más”, relató Felipe de la Cruz, un miembro del comité de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. “No confiamos en su investigación porque no vemos resultados”. Las familias han asegurado que seguirán con sus labores de búsqueda independientes de las autoridades.
