La ONU aseguró hoy que el estado de excepción decretado por el Gobierno colombiano en el sector judicial para hacer frente a la huelga de funcionarios puede "exacerbar" el conflicto que vive este país.
La presidenta-relatora del grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, la española Manuela Carmena Castrillo, señaló en una rueda de prensa que el "estado de conmoción interior", como se denomina en Colombia a este tipo de emergencia, es "una especie de terapia que puede exacerbar todavía más la enfermedad".
El presidente lvaro Uribe decretó el jueves esa medida para hacer frente a la paralización de los despachos judiciales por la huelga que mantienen desde hace más de un mes los empleados de la administración de justicia.
"El Gobierno tomará las decisiones que considere oportunas pero desde fuera, desde nuestra relatoría, y compartiendo la importancia de que el poder judicial sea inamovible, no nos puede tranquilizar el que la terapia ante esa enfermedad sea la movilidad del poder judicial. Eso nos inquieta", advirtió.
Asimismo, calificó de "inaceptable" que quien garantiza los derechos y libertades de las personas se declare en huelga. "Es como si una estructura o pilar del ordenamiento decidimos quitarlo", dijo.
"La solución no puede ser sustraer de las facultades judiciales a los jueces. La solución no es decir si los jueces no me funcionan, pongo otros, el poder judicial no es intercambiable", aseveró.
La española instó a las partes a llegar a un acuerdo, para lo cual les conminó a mirar atrás y ver cuáles fueron las causas que generaron el conflicto.
"El Ejecutivo tiene una labor importante de buscar una solución, un camino de conciliación y coincidencia con el judicial, y a su vez el judicial debe asumir su función y en modo alguno puede delegar sus facultades", subrayó.
La medida fue anunciada por el presidente Uribe, quien dijo que a raíz de la protesta unos 2.700 detenidos por homicidio, narcotráfico y tenencia de armas quedaron libres por vencimiento de términos legales.
Además, ha llevado a que más de 120.000 procesos estén sin fallos y a que no se hayan celebrado alrededor de 25.000 audiencias desde el pasado 3 de septiembre, cuando empezó el paro, añadió Uribe.
Los integrantes de la Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial) convocaron la huelga el pasado 3 de septiembre en demanda de mejoras salariales y respeto a su autonomía e independencia respecto al poder Ejecutivo.
