El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU instó a Costa Rica a armonizar sus leyes, incluida la Constitución, con la Convención sobre la materia que el país ratificó en 2007 y que busca una mayor inclusión para esta población, informó hoy una fuente oficial.
El Comité recomendó al Estado costarricense que inicie un "programa sistemático de revisión de sus leyes que abarque la Constitución para adecuarla a los principios y obligaciones generales previstos en la Convención", informó la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para Centroamérica, con sede en Panamá.
Costa Rica "no ha armonizado su legislación después de haber ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", señaló el Comité, tras una revisión del informe periódico presentado por el país centroamericano sobre el cumplimiento de la misma.
Los expertos del organismo de las Naciones Unidas "solicitaron al Estado designar los puntos focales encargados de la implementación de la Convención, en consulta con las organizaciones de personas con discapacidad", indicó un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para Centroamérica.
También "urgió al Estado costarricense a que designe un mecanismo independiente de monitoreo, que cumpla con los principios de París y que fortalezca sus capacidades con presupuesto y recursos adecuados para garantizar efectivamente" el mandato de la Convención.
"El Estado deberá presentar un informe de los avances logrados en estos últimos dos aspectos en un plazo de 12 meses", destacó la misiva oficial.
El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU además recomendó "que se retire del trámite legislativo" un proyecto "sobre investigación biomédica", que "autoriza que los tutores de personas declaradas incapaces puedan decidir sobre la experimentación científica e investigación en sus cuerpos, sin su consentimiento libre e informado".
Ese proyecto, denominado Ley Reguladora de Investigación Biomédica, fue aprobado en segunda y definitiva lectura por el Parlamento de Costa Rica el pasado 7 de abril.
En marzo pasado, el Supremo de Costa Rica resolvió que no existían problemas de inconstitucionalidad del proyecto, que el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE) de ese país consideró violaba los derechos humanos de las personas con discapacidad.
La Ley "genera situaciones de vulnerabilidad y vacíos legales, que originan que ciertas personas sin capacidad para consentir su participación en una determinada investigación sean sometidas a este tipo de estudios con la aprobación de un tercero", indicó entonces el CNREE en un comunicado.
Una fuente de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos para Centroamérica confirmó a Acan-Efe que el Comité revisó la semana pasada, en su undécimo periodo de sesiones, los informes periódicos de Costa Rica, Azerbaiján y Suecia, y ayer lunes que publicó sus conclusiones y recomendaciones.
Costa Rica es uno de los 143 Estados Partes en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y presenta informes periódicos al Comité, integrado por 18 expertos independientes.
El próximo informe periódico deberá rendirse el 1 de noviembre de 2018, de acuerdo a la información oficial.
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