La oficina en México de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos exhortó hoy a evitar la violencia en el contencioso entre campesinos y el gobierno por una presa hidroeléctrica, ante supuestas amenazas de grupos guerrilleros.
El titular de esa oficina, Amérigo Incalcaterra, calificó como "sumamente grave" el apoyo que anunciaron supuestos grupos guerrilleros a las comunidades rurales que se oponen la construcción de la presa en el sureño estado de Guerrero.
Durante la presentación de una campaña de difusión de los derechos de los pueblos indígenas, Incalcaterra exhortó a las partes involucradas a "rechazar" la intervención de la guerrilla.
El diario El Universal publicó hoy que unas 50 organizaciones sociales aglutinadas en la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG), que incluye a los grupos armados Ejército Popular Revolucionario (EPR) y Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), advirtieron que saldrán en defensa de los campesinos si continúa el proyecto de construcción de la presa La Parota.
"Es sumamente grave que fuerzas guerrilleras que hacen uso de la violencia y de la fuerza, se entrometan en asuntos que son ajenos a su responsabilidad", dijo.
Agregó que "esta situación compete únicamente a los pobladores, a las autoridades de Guerrero y a las entidades federales involucradas".
El proyecto de la presa La Parota prevé inundar 17.000 hectáreas de tierras cultivables de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, poblado ubicado al norte de la zona urbana del balneario de Acapulco, al sur de la capital mexicana.
En total serían afectados 25.000 campesinos de unos 30 poblados de Guerrero, en especial unas 2.000 familias de los once pueblos que desaparecerían por completo, según el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales.
Para Incalcaterra, el problema es grave pero aún hay soluciones tanto en el litigio que actualmente se desarrolla en los tribunales como en la negociación política.
"Tengo entendido que la vía jurídica no se ha agotado, pero también hay espacios de solución de alternativa. Hace un par de meses vinieron relatores de Naciones Unidas y concluyeron que hay posibilidades para que en ese conflicto se logren acuerdos y soluciones pacíficas", aseguró.
La amenaza de la APPG se produjo después de que la prensa local publicara a finales de octubre que Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que un juez falló a favor de esa eléctrica pública con lo que se sobreseía el juicio de amparo que promovieron los pobladores afectados por la obra.
Rosales señaló hoy en entrevista con Efe que el proceso legal continúa y que "es mentira" que la CFE haya ganado ya la autorización para construir la presa.
Según el abogado, sigue vigente una suspensión definitiva otorgada por una juez federal el pasado 13 de septiembre, que impide a la CFE ingresar a la zona de La Parota.
"No han ganado el juicio, por el contrario ha sido la CFE la que ha perdido cuatro demandas. Es total mentira lo que dicen", dijo el representante de los campesinos.
