La decisión del Tribunal Supremo de autorizar la supresión de la alimentación a Eluana Englaro, una mujer de 37 años que se encuentra en estado vegetativo desde hace 17, ahonda la división sobre la eutanasia de la sociedad italiana que exige una legislación al respecto.
Mientras el padre de Eluana, Giuseppe Englaro, llevará discretamente a su hija a una clínica en Udine para que se ejecute la decisión por la que lleva luchando una década, la Iglesia católica y el mundo de la ciencia, los políticos conservadores y la izquierda progresista, y el resto de la opinión pública, muestran las profundas divisiones sobre el derecho a morir.
Dejar de dar de comer y beber a Eluana equivale a un homicidio, significa condenarla a un fin monstruoso. El derecho a la muerte no existe, la vida es sagrada, expresó así la posición de la Iglesia católica el ministro de sanidad del Vaticano, cardenal Javier Lozano Barragán.
En tanto, el ex ministro de Sanidad y prestigioso oncólogo Umberto Veronesi afirma que la sentencia es una victoria de los principios de la Constitución y una demostración de valor y coherencia por parte de los jueces.
Veronesi señala que el caso de Eluana no es eutanasia ya que la paciente no ha pedido la interrupción de la vida y apunta a la necesidad, para que no se repitan tragedias como esta, de una ley que prevea el testamento vital.
El debate y las divergencias inundan las calles italianas y los foros de discusión en Internet, donde hay quienes expresan la solidaridad con el padre de Eluana y hablan de una victoria del Estado de Derecho y quienes acusan de violación de la libertad de una persona que no se puede expresar.
El senador del Partido Demócrata (PD) y médico Ignazio Marino no quiere hablar de victoria ante el drama de una familia que ha vivido 17 años en continua agonía y prefiere calificar el fallo de respeto de la democracia y de la Constitución.
Marino defiende la decisión de los jueces que han actuado ante el inmovilismo del Parlamento para aprobar una ley que regule el propio futuro en base a una elección en plena libertad.
La única posición común de política, Iglesia y opinión pública es la necesidad de contar con una ley que introduzca el testamento vital.
En un editorial de la agencia de los obispos italianos (SIR) se insta al Gobierno a presentar una ley que busque el equilibrio entre tener viva a una persona a toda costa y la eutanasia, que es poner fin a una existencia.
Maurizio Ronconi, de la Unión de Demócratas Cristianos y de Centro, pidió al Gobierno que presente un decreto ley urgente en el que se prohíba suprimir la alimentación a una persona.
