El magistrado del Tribunal Supremo (TS) de España que instruye la querella contra Baltasar Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo (1939-1975) ordenó la apertura de juicio oral contra el juez.
La decisión del instructor Luciano Varela ocurre un día después de que Garzón solicitara al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces españoles, su traslado temporal a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Holanda).
Garzón, el juez español más conocido internacionalmente después de que en 1998 ordenara la detención del dictador chileno Augusto Pinochet, quiere ocupar un puesto de asesor del fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, durante siete meses.
El presidente de la Sala de lo Penal del TS, Juan Saavedra, enviará mismo el auto de apertura de juicio oral al CGPJ, que estudiará este viernes en un pleno extraordinario si suspende cautelarmente a Garzón, juez de la Audiencia Nacional española.
El CGPJ también acordó admitir a trámite la solicitud de Garzón de que el Consejo le declare en situación de servicios especiales para trasladarse a la CPI como “consultor externo” de la Fiscalía de ese tribunal.
Si el juez resulta suspendido, no podría marcharse a La Haya en situación de servicios especiales, lo que no impediría que se pudiera ir a título particular, según fuentes jurídicas.
Por su parte, Varela rebate en su auto el argumento de la Fiscalía, que pidió el archivo de la causa al entender que las acusaciones populares (el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad) carecen de legitimación procesal para sentar al juez en el banquillo.
A ese respecto, el TS confirmó hoy la expulsión de la formación ultraderechista Falange Española de las Jons (antaño fuerza ideóloga del franquismo) de la causa contra Garzón por no atender a tiempo su requerimiento de corregir su escrito de acusación.
Tras dictar la apertura del juicio oral, se dará traslado del mismo al Ministerio Fiscal y a las partes, incluido el abogado defensor de Garzón, quien tiene que presentar su escrito de defensa.
Las acusaciones populares han pedido al Tribunal Supremo una pena de 20 años de inhabilitación para Garzón.
El abogado del juez, Gonzalo Martín Fresneda, consideró hoy la decisión de Varela injusta y prematura desde el punto de vista procesal, ya que quedan varios recursos pendientes de resolver.
