Un juez salvadoreño ordenó reabrir el caso del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero y anuló la orden de libertad que en 1993 benefició a un militar acusado por el crimen.
La decisión del juez Rigoberto Chicas se basa en la derogación de la Ley de Amnistía General, que impedía investigar y juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante la guerra civil (1980-1992).
Al anular el beneficio a Álvaro Rafael Saravia, capitán de la fuerza armada de El Salvador y único procesado por el asesinato de Romero, el ministerio Público deberá pronunciarse sobre el caso.
Según Chicas, de este modo se podrán garantizar los derechos fundamentales de las víctimas en esos crímenes de guerra y lesa humanidad.
El juez también pidió que la Fiscalía General se pronuncie sobre otros sujetos que pudieron haber estado involucrados en el asesinato pero hasta el momento no han sido considerados.
