El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), junto con una veintena de organizaciones, elevó su petición en una carta a los cancilleres que participan en la XLI Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las organizaciones denunciaron el "deliberado ataque de algunos órganos políticos de la OEA y de algunos Estados para debilitar importantes mecanismos de protección para las víctimas de las violaciones de derechos humanos".
"Hay un grupo de países que no reconocen la importancia de una protección internacional con dientes, que tenga capacidad de respuesta efectiva ante las graves violaciones de los Derechos Humanos que vive el continente", lamentó la directora ejecutiva del CEJIL, Viviana Krsticevic.
Krsticevic denunció el retroceso en materia de derechos humanos que han sufrido algunos países como Perú, Panamá, Guatemala, y "de manera especifica", Brasil por cuestionar las medidas cautelares que emitió la CIDH por la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte.
Las organizaciones subrayaron que se requiere un Sistema Interamericano "fuerte, independiente y capaz de responder tanto eficaz como oportunamente" ante los desafíos que enfrentan las democracias.
En este sentido lamentan el "déficit de cumplimiento" de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la falta de un "respaldo vigoroso" económico al Sistema Interamericano que permita a la Corte y a la CIDH y a la corte actuar de manera más eficaz.
El magistrado Guillermo López, de la Asociación Jueces por la Democracia de Honduras, criticó que no hay mecanismos "efectivos" para que los beneficiaros tengan protección y lamentó que algunas personas con medidas cautelares han sido asesinadas.
La CIDH entregará el próximo martes a la Asamblea General su informe anual, que presentó el pasado abril en Washington, que incluye a Honduras, Colombia, Venezuela y Cuba entre los países que no respetan los derechos humanos.
En este sentido las organizaciones señalaron la importancia de que la Asamblea respalde las recomendaciones de la CIDH ante los países que incumplen sus órdenes.
Por su parte, María Victoria Fallon, del Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos (GIDH) de Colombia, propuso como medida que la OEA "sancione" a los países que incumplen los mandatos de la Comisión.
