El expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina se sentó en el banquillo de los acusados y negó ante el juez pertenecer a "La Línea", una red de exfuncionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para ayudarles a evadir impuestos.
El juez Miguel Ángel Gálvez concluyó la audiencia y dijo que se reanudará el martes, cuando emitirá un fallo sobre si se procesa o no al expresidente, que permanecerá en custodia en una prisión civil, ubicada dentro del cuartel militar de Matamoros, en la capital.
La fiscalía trata de sustentar ante el juez que Pérez Molina conocía de las actividades de "La Línea". Presentó 77 escuchas telefónicas de más de cinco horas de grabación, luego presentó documentos encontrados en allanamientos hechos a diversas oficinas de los supuestos integrantes de la red en los cuales se detallaba cómo se repartían los sobornos recibidos.
"Lo primero que quiero negar: no pertenezco a 'La Línea"', dijo el exmandatario de 64 años cuando prestó declaración.
Sin embargo, la fiscalía pidió al juez el procesamiento judicial del exmandatario por los delitos asociación ilícita y cohecho pasivo en el caso de defraudación aduanera.
Es "por la posible comisión de estos hechos delictivos", dijo el fiscal José Antonio Morales.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se unió a la petición de la fiscalía.
El exgobernante asistió a la audiencia luego de que el juez Gálvez le dictó prisión provisional para garantizar que regresara a enfrentar las acusaciones de la fiscalía que lo vinculan a la red de evasión fiscal y corrupción.
Los acusaciones son tres: "conocer la organización, colaborar para que la organización funcionara y haber recibido un porcentaje de lo que recibían", dijo el fiscal.
El abogado defensor César Calderón afirmó que la fiscalía, hasta el momento, no ha probado que su defendido tenga responsabilidad de nada.
"Me quedé esperando el plato fuerte... de la investigación que están haciendo", dijo.
El abogado arremetió también contra el juez Gálvez: "Usted ya hablaba mal" del exmandatario.
Según Calderón, en una audiencia previa, el juez se refirió a que no entendía por qué un presidente llamaba a una institución autónoma para que se hicieran cambios en el personal, llamada que, según la fiscalía, Pérez Molina hizo con el fin de favorecer las operaciones de la estructura que defraudó al fisco guatemalteco.
"No reconozco, sino niego lo que empezó a decir el representante del Ministerio Público", afirmó Pérez Molina.
"Yo, señor juez, no voy a poner mi dignidad, mi trabajo ni el esfuerzo que he hecho por Guatemala por $800 mil", afirmó el exmandatario, en alusión a las cifras presentadas por la fiscalía.
Según el fiscal Morales, "la estructura por abajo del 1 y 2 (como se les conocía en la red a Pérez Molina -1- y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti -2-) recibía el 50 por ciento, y el 1 y la 2, el otro 50%" de los sobornos.
Pérez Molina dijo que pasó la noche incómodo y que alcanzó a dormir poco. "Ninguna cárcel es buena", dijo sobre la noche en una prisión civil, ubicada dentro del cuartel militar de Matamoros.
"Espero que el juez me dé una medida sustitutiva", dijo el expresidente en alusión a una alternativa diferente a la prisión que, según las leyes guatemaltecas, puede ser el pago de fianza o arresto domiciliario, entre otras.
Pérez Molina, quien asiste a la audiencia vestido de traje formal azul, camisa celeste y corbata a rayas, agregó a su defensa al abogado Moisés Galindo.
A diferencia de la víspera, la seguridad del expresidente ya no está a cargo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, sino en manos del Sistema Penitenciario del país.
La fiscalía y la Cicig anunciaron en abril la desarticulación de la presunta organización criminal integrada por funcionarios aduaneros y particulares para evadir impuestos y que estaba supuestamente dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, exsecretario privado de la exvicepresidenta.
Al menos 100 personas están siendo investigadas por el caso de “La Línea”. Entre ellas está Baldetti, quien tuvo que renunciar a su cargo en mayo y se encuentra detenida preventivamente, acusada de haber recibido al menos $3.7 millones en sobornos, según la comisión.
Tras la renuncia de Pérez Molina, el vicepresidente Alejandro Maldonado, de 79 años, fue juramentado el jueves como nuevo mandatario.
Exigió que ministros y altos funcionarios presenten sus renuncias para poder formar un gobierno de transición y prometió una administración honesta e incluyente.
Propuso tres candidatos para reemplazarlo como vicepresidente: Raquel Zelaya, presidenta de un observatorio político conservador y firmante de los acuerdos de paz que pusieron fin en 1990 a la guerra civil de Guatemala; Juan Alberto Fuentes Soria, exrector universitario, y Gabriel Medrano, académico y expresidente de la Corte Suprema.
Abogado pide que se declare sin mérito la acusación contra Otto
El abogado César Calderón, defensor de Otto Pérez Molina, solicitó al juez Miguel Ángel Gálvez que declare la "falta de mérito" de la acusación de corrupción presentada por la fiscalía contra el exgobernante.
El letrado sostuvo en su alegato final ante el juez que no puede ser probado ninguno de los tres delitos que se le imputan a su cliente: caso especial de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo.
Pérez Molina no importó mercancías como para defraudar al Estado, por lo tanto, tampoco se le puede imputar del delito de delincuencia organizada, dijo Calderón.
Guatemala activará alerta preventiva ante emergencias en comicios
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) estatal de Guatemala activará hoy la alerta preventiva institucional con motivo de las Elecciones Generales mañana, para responder así a posibles situaciones de Riesgo, Emergencia o Desastre (RED).
La Conred, que mantendrá la alerta amarilla durante 48 horas, pretende responder a situaciones de riesgo que se puedan presentar "durante la afluencia masiva de personas en centros de votación el próximo 6 de septiembre", indica un informe de la institución gubernamental.
El protocolo se activó ayer con la declaración de alerta amarilla institucional, que realizará monitoreos permanentes de "las situaciones que puedan generarse en el territorio nacional" a través de enlaces y delegados de la Secretaría Ejecutiva de la Conred.
Los monitoreos se activarán en cada uno de los departamentos, así como en el Puesto de Comando que se instalará en el centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el Parque de la Industria.
Se mantendrá monitoreo constante activando el Sector I de Servicios de Emergencias con las funciones de Seguridad y Orden Público, así como la de Atención Prehospitalaria.
El Sector I corresponde a los Servicios de Emergencia con la función de incendios estructurales.
Si se produce una situación RED y se supera la capacidad de respuesta en los niveles locales, municipales, departamental y regional se activarán otros sectores del Plan Nacional de Respuesta, como la asistencia a la población con la función de atención en salud física y mental, precisa el documento.
Asimismo se activará un plan de logística, infraestructura y servicios básicos con las misión de atención a las telecomunicaciones y energía.
Preparativos y últimas encuestas
A la disputa de la presidencia para el periodo 2016-2020 se presentan 14 candidatos, y de acuerdo con una encuesta divulgada, los opositores Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) y Manuel Baldizón, de Libertad Democrática Renovada (Lider), encabezan la intención de voto con el 25% y 22.9%, respectivamente.
Además de presidente y vicepresidente, los guatemaltecos elegirán a 158 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 338 corporaciones municipales.
Las votaciones, de acuerdo con el TSE, serán observadas por más de 50 mil personas de 36 misiones nacionales y extranjeras, con lo que se garantizará su transparencia.
La Policía desplegó a más de 35 mil agentes para garantizar la seguridad de las elecciones en 3,047 centros de votación de los 338 municipios en los 22 departamentos que tiene el país centroamericano.
