El despido de una alta funcionaria de la administración y el levantamiento de la inmunidad a una diputada oficialista, esta semana, alentaron la esperanza de que el nuevo gobierno de Costa Rica, encabezado por el presidente Abel Pacheco, ataque a fondo la corrupción crónica que afecta al sector público del país.
Con apenas 15 días de iniciada su gestión, Pacheco ordenó el despido de Roxana Víquez, presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), tras descubrirse anomalías en una negociación efectuada por la entidad estatal.
El IMAS, que administra fondos públicos para auxiliar a los sectores más desposeídos, adquirió en enero de 2001 un lote para construir viviendas de interés social, pero un estudio de la Contraloría General de la República reveló que una parte del terreno no reunía las condiciones apropiadas para ese propósito.
La investigación señala también que el lote, por el que el IMAS pagó unos 175,000 dólares, era propiedad de la recién electa diputada Lilliana Salas, del gobernante Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) y de otros miembros de su familia.
Tras una prolongada reunión con Pacheco, la diputada Salas anunció que renunciaría a la inmunidad parlamentaria para enfrentar cualquier eventual cargo en su contra.
