Los países latinoamericanos a los que Estados Unidos canceló parte de su ayuda militar por no firmar un acuerdo de inmunidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) resistieron las presiones, y ahora algunos buscan no perder la asistencia o replantean sus nexos militares con Washington.
Estados Unidos anunció el martes la suspensión de 47.6 millones de dólares en ayuda militar a 35 naciones, de las cuales nueve son latinoamericanas: Colombia, Belice, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Esos fueron algunos de los países que se negaron a firmar convenios bilaterales con Estados Unidos, para garantizarle a los soldados de ese país que nunca serán juzgados por la CPI por crímenes de guerra o contra la humanidad.
En Colombia, el gobierno señaló que se busca una solución a la suspensión de una ayuda militar que bloquea de inmediato 5 millones de dólares y pone en riesgo otros 130 que deben ser aprobados en 2004.
"Lo que tiene que hacer el gobierno de Colombia es continuar el diálogo con EU, examinando opciones, teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico de ambos países", precisó Uribe a periodistas.
Colombia sostiene que un acuerdo suscrito con Washington en 1962 -renovado en 2000 con la puesta en vigor del Plan Colombia antidrogas- otorga a los estadounidenses la inmunidad que reclaman y que, por tanto, no es necesario un nuevo pacto.
222 Venezuela, por su parte, minimizó el impacto de la decisión, ya que asegura que hace tiempo no recibe ayuda de los estadounidenses.
La ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, aseguró que no cree que "Colombia se quede sin esta ayuda, cuando más resultados está entregando en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo", y reconoció que cuando un país le da ayuda a otro "es lógico que le ponga unas condiciones".
Brasil fue más tajante al indicar que el acuerdo propuesto por EU sería contrario "a la letra y al espíritu del Estatuto de Roma (que creó la CPI), y atentaría contra la igualdad jurídica de los Estados".
Ecuador, por su parte, indicó que tras la suspensión de la ayuda se deben replantear las relaciones militares entre Washington y Quito, aunque aclaró que la sanción no afectará el uso por parte de EU de instalaciones militares ecuatorianas, según el subsecretario de Asuntos Bilaterales de la cancillería, Roberto Ponce.
En Perú, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Luis Santamaría, calificó de "represalia" la decisión estadounidense y, en declaraciones a la agencia oficial Andina, lamentó que su país se vea perjudicado.
En Uruguay, el ministro de Defensa, Yamandú Fau, también expresó su preocupación por las actividades académicas militares que se verán suspendidas tras la decisión de Washington.
En Costa Rica, que dejará de percibir anualmente 500,00 dólares de ayuda norteamericana, el canciller Roberto Tovar fue tajante al indicar que la CPI "es un instrumento fundamental para el mundo, con el fin de que no queden impunes delitos como genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad, por lo que no podríamos, no podemos y no vamos a firmar un acuerdo bilateral".
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