Un colombiano identificado como Carlos Alí Romero, de 43 años, detenido en Costa Rica junto a otros dos colombianos miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aceptó ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar a la justicia, informó ayer la prensa local.
El diario La Nación, que cita a fuentes de seguridad, aseguró que Romero fue el único de los tres detenidos que prefirió viajar a Estados Unidos, mientras que los dos comandantes de las AUC, Edgar Blanco (conocido como Emilio) y Elkin Arroyave (Napo) optaron por un proceso de extradición más prolongado.
Según el rotativo, la entrega de Romero se realizará en al aeropuerto internacional Juan Santamaría, 19 km al norte de la capital, donde agentes estadounidenses lo escoltarán y lo trasladarán a la ciudad de Houston (Texas) en fecha aún no precisada.
El pasado martes, en una acción coordinada, autoridades de Estados Unidos y Costa Rica tendieron una trampa a las paramilitares AUC, tres de cuyos miembros fueron detenidos en San José y uno en Texas.
En el operativo, denominado "Terror Blanco", participaron agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía Antidrogas (DEA), de Estados Unidos, quienes coordinaron con las autoridades costarricenses. Los colombianos habían ingresado a Costa Rica el pasado fin de semana con la intención de finiquitar una supuesta compra de armas y, desde entonces, fueron objeto de un estrecho seguimiento por parte de las autoridades locales y estadounidenses.
Los paramilitares fueron contactados por un agente encubierto de Estados Unidos quien les ofreció vender un voluminoso lote de armas de guerra por 25 millones de dólares. Las AUC, una organización paramilitar de derecha, había aceptado el precio y ofrecía pagar la mitad en efectivo y el resto con un cargamento de cocaína, según explicó el ministro costarricense de Seguridad, Rogelio Ramos.
El funcionario explicó que Costa Rica participó en la operación a solicitud de las autoridades nortemericanas y detalló que los colombianos se encuentran recluidos en el centro penitenciario La Reforma, 12 km al norte de la capital.