La desmovilización se formalizó durante una ceremonia en el municipio de Turbo, 600 km al noroeste de Bogotá, que fue presidida por el alto comisionado para la paz del gobierno, Luis Carlos Restrepo, y por el máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso.
El presidente Alvaro Uribe confió en que la desmovilización contribuya a la paz y dijo que se debe ser generoso con los irregulares que renuncian a las armas y severo con quienes persisten en la violencia.
Tras los discursos, uno a uno los miembros del Bloque Bananero, con corte militar y vestidos de camuflaje- rompieron filas y dejaron sus fusiles, pistolas y otros elementos de guerra en un costado de la cancha de fútbol del pueblo, bajo la mirada de Restrepo, Mancuso, autoridades locales y cientos de habitantes.
Ya despojados del armamento los paramilitares, que en su gran mayoría lucían sonrientes e incluso besaron por última vez sus armas, se acercaron a un mesón de madera para estrechar la mano al consejero de paz, a sus jefes y al argentino Sergio Caramagna, jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que verifica el proceso.
Mancuso teme extradición
El Ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt, confirmó que el líder de las Autodefensas, Salvatore Mancuso no será extraditado a EU, por cuanto hace parte de un proceso de paz.
Al término del debate sobre la reelección presidencial en la Cámara de Representantes, el ministro Pretelt afirmó que la única forma de que el líder de las AUC fuese enviado a Estados Unidos, sería con la ruptura del proceso de paz que se adelanta en Santa Fe de Ralito, Córdoba.
Este desarme reviste gran importancia por el papel que cumplió el Bloque Bananero en la sangrienta lucha territorial que libraron en los 90 las AUC y las FARC en Urabá, una rica región bananera considerado corredor estratégico para el tráfico de drogas.
Las AUC se comprometieron a desmovilizar a 3,000 hombres en lo que resta de 2004 y a desmontar todas sus estructuras, unos 20,000 efectivos antes de 2006.
Un 8 y 9% de combatientes acusados de crímenes atroces deberán permanecer en una zona especial a la espera de que se defina su futuro jurídico.
