El Parlamento de Honduras aprobó la intervención del Ministerio Público mediante la creación de una comisión y la suspensión durante 60 días del fiscal general Luis Alberto Rubí y el fiscal adjunto Roy Urtecho, confirmó una fuente del poder legislativo.
Los objetivos y finalidad de la Comisión Interventora del Ministerio Público son “implementar de forma dinámica los procesos y políticas que permitan hacer eficiente la labor de la institución para lograr el cumplimiento de las metas y objetivos que son de su competencia”, subraya uno de los artículos de la iniciativa.
Para el cumplimiento de sus tareas, la Comisión Interventora asume todas las funciones y atribuciones que legalmente le competen al fiscal general y al general adjunto, quienes durante 60 días, a partir de la fecha, no ejercerán funciones atribuidas a sus cargos, añade la resolución de los diputados.
Además, la Comisión Interventora contará con asesoría internacional proporcionada por países amigos cooperantes, por entes internacionales, instituciones o programas nacionales o internacionales para el mejor logro de su misión.
También desarrollará y ejecutará “una pronta y efectiva evaluación y depuración de todas las estructuras del Ministerio Publico, a través de la aplicación de pruebas de confianza de manera integral, a efecto de volverlo confiable”. La intervención fue aprobada por 107 de los 128 diputados que integran el Parlamento hondureño.
