Las máximas autoridades del Pentágono apoyaron ayer ante el Senado la idea de abolir una polémica ley de 1993 que, para efectos prácticos, prohíbe la participación de homosexuales en las Fuerzas Armadas de EE.UU.
Durante una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado, tanto el secretario de Defensa, Robert Gates, como el jefe del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen, sugirieron que es hora de eliminar esa barrera para los soldados homosexuales.
Gates anunció que un grupo de trabajo revisará el impacto de la posible anulación de la ley, que prohíbe tanto a los soldados homosexuales divulgar su orientación sexual como a los militares indagar sobre el tema.
Se trata de la primera audiencia en el Congreso sobre este espinoso asunto. El presidente Barack Obama repitió la semana pasada su promesa de abolir esta ley.
"Hemos recibido nuestras órdenes del Comandante en Jefe (Obama) y estamos actuando conforme a éstas. Sin embargo, no es mucho lo que podamos hacer en este proceso, porque la decisión final la tienen ustedes en el Congreso", señaló Gates.
De anularse la ley, conocida en inglés como "Dont ask, dont tell" (DADT), algo así como "No preguntes y yo no te cuento", sería la primera vez en la historia de EE.UU. que los soldados abiertamente homosexuales pueden prestar servicio sin temor a represalias.
También sería, según observadores, la mayor transformación de las Fuerzas Armadas desde que una orden ejecutiva de 1948 exigió la integración racial de sus filas.
Gates dijo que el grupo de trabajo, que tendrá un año para entregar las debidas recomendaciones, estará encabezado por el principal abogado del Pentágono, Jeb C. Johnson, y por el general Carter F. Ham, comandante del Ejército de EE.UU. en Europa.
Afirmó que, mientras tanto, el Pentágono estu
diará la manera de aplicar la ley actual "de forma más justa y humana", en alusión a la posibilidad de que las autoridades castrenses no tomarán represalias contra soldados homosexuales, cuya orientación sexual haya sido revelada por terceros.
Gates dijo que el Pentágono tiene un plazo de 45 días para hacer una recomendación al respecto.
Por su parte, Mullen dijo que la ley en vigor lo que ha conseguido es que "los hombres y mujeres mientan sobre quiénes son para poder servir a sus conciudadanos".
