Piden cárcel para Berlusconi

La fiscal de Milán (norte) Ilda Boccassini pidió ayer ocho años de prisión y la inhabilitación permanente para cargo público para el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, por un presunto delito de soborno a jueces en 1985.
Durante su alegato ante el tribunal milanés que lleva el caso, la fiscal aseguró que existen pruebas que demuestran que Berlusconi "pagaba a través de (su empresa) Fininvest al juez Renato Squillante y a otro juez, Filippo Verde, para que le favorecieran en distintos intereses".
En concreto, siempre según la acusación, Berlusconi pagó a Squillante cierta suma para que impidiera la venta de la sociedad alimentaria pública SME a un empresario rival, Carlo De Benedetti.
El supuesto caso de corrupción se podría haber producido antes de la entrada en política del hoy primer ministro, cuando se dedicaba únicamente a los negocios.
Squillante ya fue condenado a ocho años de cárcel por este caso, mientras que el entonces hombre de confianza de Berlusconi, Cesare Previti, fue a su vez condenado a cinco años de prisión por haber hecho de intermediario en el soborno del juez.
En su petición, la fiscal Boccasini subrayó la gravedad del delito y afirmó que "la corrupción de un magistrado toca el pilar en el que se basa un Estado democrático".
También se hizo eco de la existencia de documentos bancarios que aseguró, testimonian la transferencia de más de 400,000 dólares de las cuentas de Fininvest a las del entonces juez Squillante, por mediación de Previti.
Se trató de una operación en la que estuvieron implicados "Berlusconi, Previti y Squillante", insistió la fiscal.
El juicio contra el primer ministro italiano comenzó el pasado abril, después de estar paralizado unos meses por una ley de inmunidad aprobada por el Parlamento y declarada luego ilegal por el Tribunal Constitucional.