Habitantes de las ciudades de Nova Iguazu y Queimados, en los suburbios de Río, protestaron con pancartas contra el silencio oficial en torno al caso.
La masacre rescató del olvido la existencia de los "grupos de exterminio" y puso en entredicho el sistema de protección de los derechos humanos en Brasil, según activistas.
Parientes y amigos de las víctimas y organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos (ONGs) presentaron además un desalentador informe sobre el estado del caso.
La matanza fue cometida la noche del 31 de marzo de 2005 en los municipios de Nueva Iguazú y Queimados, cuando policías, en dos vehículos, dispararon contra quienes encontraban a su paso en un recorrido de cinco kilómetros.
En mayo del año pasado 11 policías fueron acusados formalmente por el Ministerio Público como autores de 29 homicidios doblemente calificados, por una tentativa de asesinato y por asociación para delinquir.
Ninguno de los imputados ha sido castigado y según el abogado acusador Marcelo Muniz, del Tribunal de Nueva Iguazu, a cargo del caso, de los 11 policías citados inicialmente por el proceso cuatro fueron declarados inocentes por falta de pruebas.
Los nombres de los involucrados en la masacre fueron mencionados en varias denuncias anónimas y por testigos que los vieron en un bar reunidos después de los crímenes.
Una de las hipótesis de la propia policía es que los acusados estaban dispuestos a mantener el terror y el miedo entre la población.
Otra tesis indica que el grupo quería mostrar su descontento con una investigación de la propia Policía Militar sobre la participación de los agentes en dos asesinatos previos.
"Hoy hay una cierta aceptación de la acción de esos grupos por comerciantes, empresarios y políticos y hasta una aceptación popular. Eso no puede ser tolerado más", dijo el alcalde de Nueva Iguazu, Lindberg Farías.
Las ONGs y la diócesis católica de Nueva Iguazú difundieron una "Carta Abierta" que fue presentada al Gobierno, junto con un informe sobre la impunidad en la llamaba Baixada Fluminense, área de Nova Iguazu.
"La corrupción es la madre de la violencia.
Queremos acciones contundentes y el castigo a los asesinos de uniforme", agrega el documento.
