El objetivo es notificarle la acusación del delito de "genocidio" por el que se pretende procesarlo en territorio boliviano, según dijeron fuentes judiciales.
La solicitud fue anunciada ayer por el asesor de la Fiscalía General de la República, Jaime Tapia.
Añadieron que "el reclamo de este derecho no significa chantajes, presiones o amenazas contra el gobierno, el Congreso o los medios de comunicación, tal como de manera equivocada lo expresó el alto comisionado de paz", Luis Carlos Restrepo.
“Reafirmamos ante todos los colombianos nuestra firme voluntad de contribuir con el propósito de paz como corresponde al interés nacional", destacó la nota, firmada por el comandante general, Ramón Isaza, el jefe del Estado Mayor Negociador, Julián Bolívar, y el director político de las AUC, Ernesto Báez.
Ayer, Restrepo señaló que el gobierno apuesta por la continuidad del proceso que busca completar antes de fin de año la desmovilización de los 20,000 combatientes
No obstante, el comisionado reiteró la respuesta oficial en el sentido de que no negociará la ley que sustenta el desarme y castiga los delitos de lesa humanidad.
Los paramilitares, acusados de contar con el apoyo de algunos efectivos de las fuerzas armadas, surgieron en la década de los 80 como ejércitos privados.
Estos grupos son financiados por ganaderos, hacendados y comerciantes para defenderse de las agresiones de la guerrilla izquierdista.
En enero último, 4,820 combatientes paramilitares entregaron las armas.
